La UNE

Los recientes enfrentamientos del gobierno con importantes organizaciones populares deben llamarnos a una reflexión. No es posible que esto siga ocurriendo sin que los ciudadanos interesados en que se concreten cambios profundos que transformen el país en beneficio de la mayoría de sus pobladores nos pronunciemos al respecto. Creo que está en juego el futuro de la «Revolución Ciudadana» y la derecha desde dentro y fuera del gobierno parece tenerlo más claro que nosotros.
Me permito publicar un artículo del columnista Pablo Ospina de diario «El Telégrafo» que a mi juicio contiene ideas que podrían propiciar el debate.


La UNE
Pablo Ospina
Columnista
pablo.ospina@telegrafo.com.ec

Nació en los años treinta del siglo XX y como corresponde a un país muy poco corporativista, como el ecuatoriano, gozó intermitentemente y por muy breves períodos del privilegio de la agremiación obligatoria. Solo después de la revolución de mayo de 1944 tuvo representación funcional en la Asamblea Constituyente porque habitualmente solo las revoluciones buscaron las representaciones directas de las organizaciones populares en el Estado. Pero duró muy poco, como el entusiasmo por esa revolución, tan pronto traicionada.

En 1992, y no fue la primera vez, la UNE hizo una campaña de reafiliación voluntaria de los maestros ante la decisión del Ministerio de Educación de suspender el pago de las cuotas de afiliación a su gremio. Desde entonces, como reza en sus estatutos, solo los maestros que lo demandan expresamente sufren la deducción de sus aportes gremiales y sus aportes al fondo complementario de pensiones y cesantía. Por eso, precisamente, hasta el día de hoy, no todos los maestros del sector público están afiliados a la UNE. Solo pertenece al gremio, voluntariamente, la aplastante mayoría de los maestros.

En octubre de 1993 sostuvo el paro nacional más prolongado de su historia: tres meses de una huelga en la que se enfrentaron contra decretos de movilización y de cancelación de los maestros en lucha. Solo pedían que se cumpla la ley de carrera docente que fijaba un salario magisterial más alto que el sueldo mínimo y que el gobierno sencillamente se negaba a aplicar.

Acusar a los maestros y a su gremio de ser los causantes de los males de la educación ecuatoriana es una triste falsificación de la historia. Se le puede reprochar, con razón, haberse preocupado muy tarde de hacer propuestas pedagógicas, de reivindicar la calidad de la enseñanza y de incluir entre sus principios la lucha por una educación para la emancipación. Se le pueden criticar muchas limitaciones, errores y omisiones. Pero el principal culpable del lamentable estado de la educación pública ecuatoriana es el Estado y sus ministros del ramo. Disponer de un gremio poderoso y representativo, que mantiene el apoyo de sus miembros, es una gran ventaja para la transformación de la educación. Ninguna reforma verdaderamente revolucionaria se hará contra los maestros y sobre la base de la destrucción de sus organizaciones legítimas.

Otra falsedad es suponer que una base sólida para mejorar la calidad y la calidez de la enseñanza puede llegar a ser una evaluación basada en preguntas de verdadero o falso y de opción múltiple. Solo hay que pensar en los resultados disponibles: solo el 3% de los maestros estuvo “mal”. ¿Es ese resultado una radiografía de la situación pedagógica y académica de los maestros? Lo que ese resultado confirma es que las pruebas aplicadas no pueden considerarse seriamente como una verdadera evaluación. Es lamentable tener que recurrir al paro para ser respetados. Ojalá no hubiera ocurrido. Pero en este conflicto los maestros tienen la razón y el Gobierno no.

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