El modelo socialcristiano

Ahora que el gobierno plantea al Ecuador un nuevo esquema de distribución y descentralización de las rentas públicas, aparece la prepotencia socialcristiana queriendo apropiarse, como antes y como siempre, de lo que no les pertenece.

El gobierno propone, basado en la Constitución de Montecristi, un modelo de distribución y descentralización de recursos que privilegia la equidad, la satisfacción de necesidades básicas, la eficiencia en la gestión y la transparencia en la ejecución de la obra local.

El “modelo” de Nebot y de los socialcristianos es rechazado por la inmensa mayoría de alcaldes y presidentes de Juntas Parroquiales del Ecuador. La estridencia de sus chillidos no le basta para ocultar su corrupción. a PARTIR DE ESTAS PUBLICACIONES DE 1995, demostramos de la manera más clara y patente la raíz y la razón, la mejor muestra del modelo de Nebot: CORRUPCIÓN.

A Nebot nunca le interesó el desarrollo nacional sino el lleve de su gallada. Por eso chilla y llora, porque piensa que aún puede exigir como cuando chantajeaba, junto con Febres Cordero, a todos los gobiernos de los últimos años. Jhonny Firmat, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ha sido claro “La fórmula que invoca Nebot no está vigente, era la que regía con la constitución de 1998″, está mintiendo una vez más.

Repasemos la historia:

Corrupción en primer plano

Tomado de ALAI
18/08/1995

En los últimos 60 días, el tema de la corrupción figura en el centro de las preocupaciones de los medios masivos, de los poderes del Estado y de la sociedad civil, que hastiada, comienza a reaccionar con acciones simbólicas.

La olla de la corrupción se destapó a raíz de que el periodista Jorge Vivanco, subdirector del diario El Expreso de Guayaquil, reveló algunas «confidencias» que el Vicepresidente de la República, el conservador Alberto Dahik, hiciera a representantes de medios de información.

Según Vivanco, Dahik dijo que el Gobierno tuvo que entregar asignaciones presupuestarias a los partidos que controlan el Congreso a cambio de que aprueben la Ley de Modernización del Estado; que 16 diputados exigieron la entrega de 500.000 dólares por aprobar la ley de privatización de las telecomunicaciones; que magistrados de la Corte Suprema de Justicia pidieron grandes sumas para declarar la constitucionalidad de leyes cuestionadas y que el Ejecutivo tuvo que extender nombramientos, en empresas públicas, a allegados de diputados que «estarían robando desaforadamente.

Ante el riesgo de que estas denuncias queden en generalidades, hubo un consenso nacional en solicitar al Vicepresidente que revele los nombres de los implicados. Con este propósito, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Macías Hurtado, inició indagaciones judiciales que involucraron al propio Vicepresidente y a los periodistas, pero no consiguió nada más que lo revelado por Vivanco.
Pese a la presión pública, el Vicepresidente Dahik se ha negado a revelar nombres, fechas y circunstancias en que se habrían producido los hechos por él mismo denunciados.

Juicio político

Entre tanto, el clima político subió de temperatura, cuando, a propósito de este hecho, cuarenta y un diputados pertenecientes a partidos de derecha, izquierda y populista anunciaron que llevarán a juicio político al Vicepresidente Dahik, acusándolo de cohecho y de haber cometido faltas graves al honor nacional.

El nuevo presidente del Congreso Fabián Alarcón, que fue electo el pasado el pasado 10 de agosto por una mayoría de centro-izquierda, deberá nombrar una «comisión especialísima», para determinar si procede o no el mencionado enjuiciamiento.

El Vicepresidente, siguiendo la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, inició una «cruzada moralizadora» denunciando casos de corrupción en la que estarían involucrados diputados y autoridades de gobiernos locales pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC, de derecha); al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, populista) y al Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierda), tres de los cinco partidos que han planteado el juicio a Dahik. .

Dahik, quien dirige el Partido Conservador, es considerado como el hombre fuerte del gobierno y el que toma las decisiones fundamentales de política económica, más allá de sus atribuciones legales.

Desde algunos meses, el segundo mandatario mantiene una fuerte pugna con el Partido Social Cristiano y particularmente con uno de sus líderes el ex-Presidente León Febres Cordero, quien actualmente es alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador. A pesar de que los dos parten de un mismo tronco ideológico de derecha, Febres Cordero y Dahik, con frecuencia, se atacan verbalmente.

El bloque legislativo socialcristiano, según Dahik, exigió asignaciones presupuestarias de 200.000 millones de sucres (80 millones de dólares) para los gobiernos seccionales que controlan el PSC. Los fondos no siempre fueron bien administrados pues en las obras públicas que se ejecutan, intervinieron, como contratistas, parientes de los diputados socialcristianos.

Los diputados cuestionados se defienden señalando que no existe nada de malo en pedir asignaciones, pues es su deber, como representantes de sus provincias, conseguir fondos que son administrados por los gobiernos seccionales u otros organismos públicos nacionales.

No obstante, una de las consecuencias de esta política de tira y afloja entre el Ejecutivo y la oposición es que el primero siempre le pasa las cuentas al pueblo, y ha procedido, en varias ocasiones, a castigarlo con nuevos impuestos y el alza de los precios de la gasolina y las tarifas de los servicios básicos para financiar las partidas que entrega a los diputados.

El que esté libre de culpas…

Pero el Gobierno presidido por Sixto Durán Ballén, según varios analistas, tampoco puede exhibir, una hoja limpia en sus tres años de gestión. Y afirman que tan corrompido es el que da como el que recibe. El régimen se ha visto involucrado en varios casos de corrupción. Uno de los más escandalosos fue el denominado Flores y Miel, en el que la defraudación al fisco alcanzó un millón de dólares y estuvo involucrada una nieta del Presidente.

Otro que llamó la atención fue la venta del ingenio azucarero Aztra, de propiedad estatal, en 100.000 dólares cuando, según el ex-ministro de Industrias, Juan Falconí Puig, costaba más de 40 millones de dólares. El beneficiado en esta transacción fue el grupo económico Isaías, uno de los más poderosos del país.

El propio Dahik, ha sido acusado por los socialcristianos, de enriquecimiento ilícito y de evadir impuestos en la venta de su casa. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia Miguel Macías Hurtado, tras una denuncia de dos legisladores socialcristianos en el sentido de que Dahik habría manejado indebidamente unos 500.000 dólares de las cuentas reservadas del Estado a través de sus dos secretarios privados, inició un juicio penal en contra del segundo mandatario.

Cortina de humo

El presidente Sixto Durán Ballén, luego de un prolongado silencio, defendió a su Vicepresidente y propuso varias medidas para combatir la corrupción, entre ellas: una ley anti-corrupción; que se levante el sigilo bancario para altos funcionarios de los últimos 15 años y conformar una comisión anti-corrupción conformada por el actual y los ex-contralores del Estado.

Las medidas propuestas por Durán Ballén resultan inviables pues se tendría que auditar a 10.000 funcionarios. La medida, en cambio tiende a echar una cortina de humo sobre el enjuiciamiento al Vicepresidente, involucrando en la investigación a los cuatro últimos gobiernos, ninguno de los cuales ciertamente está exento de escandalosos casos de corrupción.

Monstruo de mil cabezas

Pero fuera de este forcejeo político que involucra a las cúpulas del Estado y de los partidos políticos, lo cierto es que en esta coyuntura se ha puesto en evidencia la gravedad y la profundidad de la corrupción. Según un estudio del Centro Andino de Acción Popular, CAAP, en 1993 el desvío de fondos por corrupción ascendió a un 7% del presupuesto general del Estado. En el Ecuador, se ha institucionalizado la «coima» o «mordida», consistente en los sobornos que reciben los funcionarios públicos por agilitar procedimientos burocráticos, negociar contratos o adquirir bienes para el Estado.

La evasión tributaria, que es una forma de corrupción identificada con el sector privado, alcanzó, en 1993, los 900 millones de dólares, un 39% del presupuesto del Estado, según el mismo análisis.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas cuyos tentáculos alcanzan a las esferas de lo público y lo privado, a las élites económicas y política a los sectores medios y a los sectores populares. La corrupción envuelve a muchos y adquiere las más variadas formas. Perjudica sobre todo a los más pobres. En los sectores altos es un reflejo de deterioro de los valores éticos. En los sectores bajos constituye un mecanismo de supervivencia no por ello justificable.

Manos limpias

Los más pesimistas sostienen que la corrupción siempre ha existido y que será difícil erradicarla, al menos mientras se mantenga el sistema de libre mercado que la genera y sostiene. Los optimistas, en cambio, señalan que si es posible remover la conciencia ciudadana y romper el miedo, la indiferencia y la complicidad.

Con estos últimos propósitos, surgió el Movimiento Ciudadano Manos Limpias, constituido por organismos no gubernamentales, ecologistas, comunidades cristianas y organizaciones de mujeres y personalidades.

Sus símbolos son las banderas blancas. Se trata de un movimiento transversal a la sociedad, sin cúpulas ni jerarquías, con espontaneidad creativa para generar acciones simbólicas que muevan a un mayor número de ciudadanos a presionar por medio del teléfono, de cartas, de faxes, de marchas, de foros y mesas redondas, según lo define el periodista Simón Espinosa.

El Movimiento Manos Limpias organizó demostraciones públicas en Quito, Guayaquil y Machala.  En Quito, decenas de ciudadanos, se reunieron en el Congreso Nacional, armados de escobas e instrumentos de limpieza, para efectuar un »baldeo popular a la corrupción». Lo mismos hicieron en las cortes de justicia en Guayaquil y Machala.

Las denuncias sobre corrupción pueden diluirse y quedar en nada pues involucran a todas las funciones del Estado y en especial a los peces gordos. En estas condiciones vale preguntarse ¿quién puede poner el cascabel al gato?

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 218, ALAI, 18- 08-1995, Quito.


Tomado de Explored.com.ec

El primer contrato colectivo

Quito 29/07/1995

Luego de la intervención del vicepresidente de la República, Alberto Dahik, el día jueves pasado en la televisión, se pueden extraer -al menos- tres conclusiones significativas:

1. Que hay proceso de corrupción que se ha enquistado en las más altas esferas del Estado, que tiene múltiples formas, magnitudes y actores. Los ejemplos dados por el vicepresidente, respecto de personas, partidos políticos e instituciones, nos eximen de mayor comentario.

2. Que el sistema político en el Ecuador ha conducido a la institucionalización del clientelismo intraestatal -y del Estado hacia la población- como mecanismo generalizado de gobierno. De esta manera, el clientelismo ha asumido en la actualidad, la condición de práctica estructural de gestión.

No otra consideración puede merecer su elevación a la cualidad de política de Estado, tal cual nos indica el vicepresidente Dahik, cuando en su intervención señala: «Hemos tenido que movernos dentro de un sistema, pero hemos planteado acabar con él a través de una reforma política»; «dada la necesidad del gobierno, no había otro camino que tomarla» o «porque el país tiene que seguir funcionando».

Y las motivaciones y justificaciones para esta práctica no son otras que las siguientes: «para que no vote en contra del canciller Diego Paredes en el juicio político»; «para aprobar la ley de Emetel»; «la necesidad de promocionar las obras de Emelgur en favor del Partido Social Cristiano»;  «solicitudes hechas al mismo tiempo en que piden juicio político en mi contra», etc.

Acusó a los partidos MPD, PRE y Social Cristiano de la «utilización permanente de la negociación política para obtener ventajas del gobierno nacional». Con lo cual, y para colmo, la política ha quedado reducida a un negocio+ y, es más, sucio+

De esta manera, se puede concluir que el mercado y las privatizaciones han penetrado en los lugares más recónditos de la vida nacional. La política, que por definición es pública, ha sido mercantilizada y privatizada bajo múltiples acepciones: el cambio de lealtades por dinero, la privatización de las decisiones públicas, la corrupción generalizada, etc.

3. Que la política de control del gasto público se la ha manejado a discreción y con dedicatoria. Por un lado, se niegan los recursos al conjunto de los municipios ecuatorianos, que a través de la AME y de su presidente de turno reclamaban a inicios de 1994. Es más, eran recursos económicos provenientes del FODESEC que por Ley les correspondía, los compromisos de 1993 que no se habían cancelado hasta ese momento y las compensaciones que se debían realizar por el incremento del precio de la gasolina, todo esto por un monto aproximado de 140 mil millones de sucres.

Por otro lado y, por la vía de las partidas extra presupuestarias, tal cual lo denunciara en su momento Rodrigo Paz, se repartían más de dos cientos mil millones de sucres entre los gobiernos seccionales administrados por el Partido Social Cristiano. Caso contrario, tal cual señalaba en aquella época el propio Ing. Febres Cordero: «si el señor ministro de Finanzas no cumple con sus compromisos contraidos, se lo interpelará en el Congreso». Esto es lo que el país conoció como el Primer Contrato Colectivo.

De esta manera, los ministros de Finanzas del Gobierno Nacional asumen la condición de tesoreros de la campaña electoral de Nebot, mientras éste reparte cheques para equipos
de fútbol, para determinadas causas sociales o se le ve inaugurando obras a lo largo del país.

(Diario HOY)

Por Fernando Carrión


Tomado de Diario Hoy

Conservadores contraatacan al PSC

Quito 26/08/1995

El partido Conservador contraatacó ayer acusando al ex presidente León Febres Cordero, al candidato presidencial Jaime Nebot y al ex secretario general de la Administración Joffre Torbay de estar involucrados con recientes investigaciones que se llevan a cabo en España sobre presuntos sobornos en la contratación de la vía Perimetral de Guayaquil, que ocurriera durante el gobierno de Febres Cordero.

El inicio de un juicio penal en contra de León Febres Cordero, Jaime Nebot Saadi y Joffre Torbay por el presunto cobro de una comisión de cinco millones de dólares para la adjudicación de la construcción de la Vía Perimetral, pidieron ayer los directivos del partido Conservador.

La denuncia presentada ante el fiscal de la Nación por el ministro de Industrias, José Vicente Maldonado y el diputado conservador Freddy Bravo, se sustenta en una publicación del periódico español «Ultima Hora», realizada el 2 de julio de este año.

El diario recoge las declaraciones del empresario Martín Ferriol, quien acusa al actual alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, al ex secretario de la Administración, Joffre Torbay y al candidato presidencial socialcristiano, Jaime Nebot de haber adjudicado a la empresa Agromán la construcción de la vía perimetral a cambio de cinco millones de dólares.

El diario de Palma de Mallorca refiere que Ferriol habría declarado ante un notario de esa ciudad (el año 1993), que «mientras él se repartía los cinco millones de dólares con Julio Feo (asesor de Nebot), el jefe del Gobierno español, Felipe González, «estuvo prácticamente todo el tiempo hablando reservadamente y jugando al billar con el presidente de Ecuador, León Febres Cordero».

Las denuncias aparecidas en el diario español se enmarcan en los escándalos por corrupción que atraviesa el Gobierno de Felipe González.

Ayer, en su calidad de director de Pichincha del partido Conservador, José Vicente Maldonado solicitó al fiscal de la nación el inmediato dictamen fiscal para iniciar el juicio correspondiente en contra de «autores, cómplices y encubridores por el abuso de fondos públicos».

Al mismo tiempo, manifestó que los conservadores han expresado su respaldo al vicepresidente Alberto Dahik frente al enjuiciamiento penal iniciado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

COSTA EXPLICA SU CHEQUE

El diputado conservador Wilman Costa defendió ayer la legalidad del pago que recibió por parte de Juan Mario Crespo, secretario de Dahik, por 69 millones de sucres en un cheque de una de las cuentas del Banco del Pacífico.

Costa dijo que el cheque corresponde a un préstamo efectuado por el Banco del Pacífico para la empresa Iriápolis Limitada de la cual es su presidente y Crespo uno de los accionistas.

El Banco otorgó el crédito a través de una cuenta personal de Juan Mario Crespo, quien a su vez giró un cheque a nombre de Wilman Costa, explicó que el propio diputado conservador durante sus respuestas a las acusaciones del bloque del MPD hizo públicas una fotocopia del cheque.

Recordó que la cuenta del cheque es la 259249-5 que no está considerada como reservada. Sin embargo, dicha cuenta consta como reservada en el escrito que el vicepresidente envió a la
Corte Suprema de Justicia el 16 de agosto.

El préstamo original fue de 70 millones pero por los descuentos de Ley le entregaron 69 millones y medio. Asimismo dijo que el crédito estaba destinado a pagar un crédito vencido que tenía la empresa con la Corporación Financiera Nacional.

«La compañía Iriápolis se dedica al funcionamiento y administración de un complejo turístico», dijo Costa, quien agregó que los socios de la empresa son Juan Mario Crespo, Wilman Costa, Vinicio Garzón, Luis Rueda y Alicia Loor de Rueda.

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