¿Quiénes son el poder detrás del poder de los medios?

Tomado de Nodo50.org

Franklin Falconí

Tres de las cadenas nacionales de televisión abierta más grandes del país: Teleamazonas, TC Televisión y Gamavisión, sufren hoy una grave pérdida de credibilidad, pues se han convertido en los principales instrumentos para una guerra sin tregua entre sus propietarios: el grupo de Fidel Egas y el de los hermanos Isaías; ambos son banqueros, que han estado involucrados en acusaciones mutuas sobre supuestos malos manejos de los recursos de sus depositantes.

Todos sabemos la historia del perjuicio por más de 1.200 millones de dólares del que son responsables los hermanos William y Roberto Isaías, en el caso Filanbanco (ver la pág. 4 de este especial). Pero lo nuevo ahora son las denuncias en contra del Banco del Pichincha y del grupo Egas en general, que vinieron de Patricio Dávila, ex diputado del Partido Social Cristiano (aunque solo en palabras, porque sigue manteniendo fidelidad y cercanía al bloque socialcristiano en el Congreso), y quien, según él mismo explica, ascendió rápidamente de “chapa” a experto financiero y es ahora uno de los potentados del país; tiene departamento en Miami (para gente como él eso es indispensable por si acaso), propiedades en lugares exclusivos y hasta una mansión con hacienda y todo, de la que, según lo denunció Teleamazonas, no habría declarado su valor real.

Dávila comenzó una furiosa campaña de denuncias contra los directivos del Banco del Pichincha, a través de los canales de televisión que son de propiedad de Isaías, principalmente TC Televisión; y luego de que Jorge Ortiz lo llamara a Teleamazonas para entrevistarlo (en realidad para acusarlo de representar los intereses de los Isaías), Dávila se lanzó contra ese canal de televisión; declaró públicamente que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) debería investigarlo por ser un medio de comunicación de propiedad de una institución financiera, lo cual está prohibido por la ley.

Entonces, el Superintendente de Telecomunicaciones dirigió un oficio, el 13 de septiembre, al Presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), para que sea éste organismo quien observe el caso.

El Conartel emitió entonces, el 21 de septiembre, una resolución con la que se inicia el trámite de terminación del contrato de concesión de la frecuencia de Teleamazonas, basados en el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que contempla la terminación de la concesión de una frecuencia cuando existen procesos de enajenación, arrendamiento o traslado de la estación a otra localidad o ciudad distinta de la concesión, sin autorización respectiva; y en la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, más conocida como Trole 2, que dispone:

“cuando la concesión de un servicio público implique una posición dominante en el mercado, su titular no podrá ser propietario, por sí mismo ni por terceras personas, de medios de comunicación colectiva o instituciones financieras. Cada una de estas actividades deberán desarrolladas, en forma exclusiva por sus administradores o sus propietarios”.

Con esto, el retiro de la frecuencia de Telemazonas solo parece ser cuestión de tiempo, al menos desde el punto de vista jurídico, ya que si bien Telemazonas tiene un plazo de 30 días, que concluye el 20 de octubre, para presentar pruebas de descargo y evitar así salir del aire, las pruebas en su contra son contundentes.

El mismo Fidel Egas admite, en una carta enviada a la directora de diario El Comercio, primero que: “desde 1993 he sido el principal accionista del Banco del Pichincha”, y luego que: “en el año 2000 nos hicimos cargo de Teleamazonas y he tenido que, personalmente, aportar grandes sumas de dinero de las utilidades de otras empresas para cubrir sus pasivos y mejorar su audiencia… Se dice con frecuencia que las funciones de banquero y propietario de medios de comunicación son incompatibles, aunque no hay ley que lo prohíba….

Desde hace tres años en que tuvimos que aceptar en dación de pago Telemazonas, hemos tratado de venderlos, habiendo encontrado pocos grupos interesados nacionales que se han encontrado con prohibiciones legales”.

Todo se resuelve a nivel político.

Pero como nada en lo jurídico se resuelve al margen de lo político, es necesario estar alertas acerca de lo que pudo haber detrás de todo esto. Primero, es evidente la relación cercana que el Partido Socialcristiano ha tenido siempre con los Isaías, se conoce, por ejemplo, el manejo que ese partido ha hecho, con León Febres Cordero a la cabeza, en la Corte Suprema de Justicia en relación al juicio que por peculado se le sigue a los Isaías en una de las Salas de la Corte.

Y, por otro lado, es evidente también la relación que el PSC tiene con el gobierno, pues al margen de la coyuntura electoral en la que aparece como su opositor, mantiene secuestrado al Presidente de la República, con chantajes y permanentes amenazas de destitución, que luego de obtenido lo que quieren, se van disolviendo en el aire hasta una nueva oportunidad.

En este sentido, si el diputado Dávila nunca dejó, en los hechos, de ser socialcristiano, y evidentemente con su ataque a Egas se ha mostrado como defensor de los intereses de los Isaías, no es raro pensar que hubo un acuerdo con el gobierno para que, a través de estas dos instituciones del Estado, se ponga en riesgo a Teleamazonas, que ha significado siempre un constante y radical opositor al régimen.

Basta mirar cómo están estructurados la Suptel y el Conartel.

En el primer caso, el Superintendente de Telecomunicaciones es representante del Presidente de la República (elegido por el Congreso de una terna enviada por el Ejecutivo, y en medio de los acuerdos políticos con los partidos de mayoría, principalmente el PSC); en el segundo caso, Freddy Moreno Mora, presidente del Conartel, es también delegado del Presidente de la República; y el Ejecutivo tendría, además, mayoría de votos en el Conartel para retirarle la frecuencia a Telemazonas, pues cuenta con los votos de cinco vocales de los siete que integran el Conartel: el Ministro de Educación, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el representante de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, que resulta ser de Gamavisión, empresa de los Isaías.

En todo caso, el desenlace de esta situación, originada por las pugnas intermonopólicas y que involucra a los antes intocables medios de comunicación, no puede hacernos pensar que hay que sostener la defensa de Telemazonas, por el hecho de ser una víctima más de la persecución del gobierno a los medios y a los periodistas, sino que es necesario mirar todo lo que ha ocurrido y darse cuenta que cuando los grupos poderosos tienen medios de comunicación, los utilizan para defensa de sus propios intereses, y no para beneficio de la población, porque ésta, en última instancia, solo constituye el mercado para la venta de sus productos comunicacionales.

Lo que hay que defender es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre información y comunicación para los pueblos, es decir, en beneficio de los pueblos, con sus verdades, y no la libertad de empresa de algunos grupos poderosos, que comercian con verdades descontextualizadas, distorsionadas y construidas de acuerdo a la conveniencia de sus negocios. Entonces, es justo lo que dice la ley: un grupo financiero no puede ser propietario de un medio de comunicación.

Los periodistas honestos también son los afectados

Este problema ha puesto sobre el tapete de la discusión, nuevamente, el tema de los principios que deben guiar al periodismo.

Como dice el último estudio presentado por el Observatorio de Medios, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, “este conflicto de intereses entre los grupos financieros mencionados quebró la credibilidad de los medios de comunicación mencionados pero especialmente al grupo de periodistas que trabajan en ellos. La independencia y la credibilidad de Jorge Ortiz, entrevistador de Teleamazonas, periodista de la revista Diners y corresponsal de la Agencia Alemana de Noticias (DPA), de Andrés Carrión (ahora en Canal 1), así como de Gonzalo Ruiz, que entrevista en Gamavisión, así como Jimmy Jairala (candidato a Alcalde de Guayaquil por el Partido Roldosista Ecuatoriano), Hólger Guerrero y Rafael Cuesta de TC Televisión, estos últimos del grupo Isaías, así como de otros periodistas, han quedado en entredicho porque fue flagrante su alineamiento con sus respectivos patronos con el consiguiente abandono de la ética profesional y la independencia”.

Es obvio también que en esos medios existen muchos periodistas que tratan de realizar un trabajo profesional, pese a que en determinadas situaciones tengan que someterse a las políticas de sus empresas y de sus dueños. El mantener un puesto de trabajo es un derecho y una necesidad en esas circunstancias, porque en el actual escenario comunicacional, no existen muchos caminos que elegir.

El periodismo que todos quisieran hacer y en el que todos creemos, aún está en proceso de crecimiento. Existen medios que están dentro de la esfera de lo “alternativo”, entendido este término como lo diferente al poder de los grandes medios, pero cuya principal limitación sigue siendo la económica, que le impide competir en el tema salarial con las grandes corporaciones mediáticas del país.

En todo caso, el que exista en el Ecuador periodismo alternativo, y que se vaya construyendo desde lo popular toda una red nacional de comunicación, es ya un gran paso y una gran esperanza para los periodistas honestos y consecuentes con las causas de los pueblos. El crecimiento del periodismo alternativo está íntimamente vinculado al proceso de crecimiento del proceso emancipador de los pueblos, y es en ese camino en el que todos deberíamos apuntar.

El informe del Observatorio de Medios menciona que no hay ética en los dueños ni en los periodistas que fungen como empleados de esos medios. “Además, el conflicto ha creado una especie de ‘listas negras’, en las que constan personajes de diversa procedencia que nunca serán entrevistados ni se los mencionará en las noticias. Las agendas diarias, las listas de personajes a entrevistarse estarán siempre sometidas a las estrategias de la guerra entre los canales. Los televidentes, ubicados entre dos fuegos terminan desinformados y con una visión sesgada, lejos de la realidad. La otra víctima es la verdad, pues el camino hacia ella está matizada por calumnias, escondites, marrullerías de todo tipo. Mientras tanto las autoridades guardan silencio, lo cual no está bien porque la ley prohíbe que las entidades financieras posean medios de comunicación”.

¿Y los que no están en la colada?

Hay también algunos otros medios de comunicación, que aparentemente están fuera de la pelea y del escándalo, y que no dicen nada. Es obvio preguntarse por ejemplo, ¿por qué Carlos Vera no ha hecho un seguimiento ‘con cero tolerancia’ a este tema? ¿no será que él, así como la empresa en la que está, también tienen rabo de paja? Hay que recordar que cuando Ecuavisa comenzó a hablar en contra de los Isaías, inmediatamente salió TC Televisión con una denuncia de supuestos sobreprecios en la elaboración de las guías telefónicas para Guayaquil, por parte de una de las empresas de Alvarado Roca, dueño de Ecuavisa. Desde entonces… mutis.

Y si el caso de Teleamazonas se resuelve según la ley, y se le retira la frecuencia, se sentaría un precedente jurídico para que otras estaciones de televisión sufran el mismo proceso. Revisando la información que trae la revista Gestión número 120 de junio del 2004 (también del grupo Egas), por ejemplo, se puede ver que uno de los grandes grupos económicos del país, el grupo Eljuri, que tiene en su propiedad el Banco del Azuay, tiene también uno de los canales con mayor presencia nacional, como es ETV Telerama.

Y si no solo nos referimos a canales de televisión, sino también a estaciones de radio, tendremos que muchas grandes cadenas de radio tendrían que ser retiradas su frecuencia. Solo como para citar un ejemplo: todo el mundo sabe que Mario Cannesa, que fuera el primer ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez, es accionista del Banco de Machala y además es dueño de la cadena de radio Caravana…

En realidad, la información transparente, por la que muchos pelearon a través de una ley que fue aprobada recientemente, no existe en torno a saber con exactitud de quién son algunas de las corporaciones mediáticas más grandes del país.

Según información de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la que OPCIÓN tuvo acceso, en el país existen 212 canales de televisión en VHF, 102 en UHF; 278 emisoras de radio en AM y 487 en FM, los mismos cuyas frecuencias están asignadas a personas naturales y jurídicas, muchas de las cuales no se conocen públicamente. Por la coyuntura que se vive, la Superintendencia de Compañías debería informar acerca de quiénes son sus propietarios. Es conocido el mecanismo que muchos de los grandes grupos de poder usan para armar sus emporios: crean compañías ficticias o ponen las empresas a nombre de personas naturales que no tienen nada que ver con el negocio y que son utilizadas para estos propósitos. El escándalo de Telemazonas puede ser la punta del ovillo que al país le interesa desenredar.