Franklin Falconí

Tres de las cadenas nacionales de televisión abierta más grandes del país: Teleamazonas, TC Televisión y Gamavisión, sufren hoy una grave pérdida de credibilidad, pues se han convertido en los principales instrumentos para una guerra sin tregua entre sus propietarios: el grupo de Fidel Egas y el de los hermanos Isaías; ambos son banqueros, que han estado involucrados en acusaciones mutuas sobre supuestos malos manejos de los recursos de sus depositantes.

Todos sabemos la historia del perjuicio por más de 1.200 millones de dólares del que son responsables los hermanos William y Roberto Isaías, en el caso Filanbanco (ver la pág. 4 de este especial). Pero lo nuevo ahora son las denuncias en contra del Banco del Pichincha y del grupo Egas en general, que vinieron de Patricio Dávila, ex diputado del Partido Social Cristiano (aunque solo en palabras, porque sigue manteniendo fidelidad y cercanía al bloque socialcristiano en el Congreso), y quien, según él mismo explica, ascendió rápidamente de “chapa” a experto financiero y es ahora uno de los potentados del país; tiene departamento en Miami (para gente como él eso es indispensable por si acaso), propiedades en lugares exclusivos y hasta una mansión con hacienda y todo, de la que, según lo denunció Teleamazonas, no habría declarado su valor real.

Dávila comenzó una furiosa campaña de denuncias contra los directivos del Banco del Pichincha, a través de los canales de televisión que son de propiedad de Isaías, principalmente TC Televisión; y luego de que Jorge Ortiz lo llamara a Teleamazonas para entrevistarlo (en realidad para acusarlo de representar los intereses de los Isaías), Dávila se lanzó contra ese canal de televisión; declaró públicamente que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) debería investigarlo por ser un medio de comunicación de propiedad de una institución financiera, lo cual está prohibido por la ley.

Entonces, el Superintendente de Telecomunicaciones dirigió un oficio, el 13 de septiembre, al Presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), para que sea éste organismo quien observe el caso.

El Conartel emitió entonces, el 21 de septiembre, una resolución con la que se inicia el trámite de terminación del contrato de concesión de la frecuencia de Teleamazonas, basados en el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que contempla la terminación de la concesión de una frecuencia cuando existen procesos de enajenación, arrendamiento o traslado de la estación a otra localidad o ciudad distinta de la concesión, sin autorización respectiva; y en la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, más conocida como Trole 2, que dispone:

“cuando la concesión de un servicio público implique una posición dominante en el mercado, su titular no podrá ser propietario, por sí mismo ni por terceras personas, de medios de comunicación colectiva o instituciones financieras. Cada una de estas actividades deberán desarrolladas, en forma exclusiva por sus administradores o sus propietarios”.

Con esto, el retiro de la frecuencia de Telemazonas solo parece ser cuestión de tiempo, al menos desde el punto de vista jurídico, ya que si bien Telemazonas tiene un plazo de 30 días, que concluye el 20 de octubre, para presentar pruebas de descargo y evitar así salir del aire, las pruebas en su contra son contundentes.

El mismo Fidel Egas admite, en una carta enviada a la directora de diario El Comercio, primero que: “desde 1993 he sido el principal accionista del Banco del Pichincha”, y luego que: “en el año 2000 nos hicimos cargo de Teleamazonas y he tenido que, personalmente, aportar grandes sumas de dinero de las utilidades de otras empresas para cubrir sus pasivos y mejorar su audiencia… Se dice con frecuencia que las funciones de banquero y propietario de medios de comunicación son incompatibles, aunque no hay ley que lo prohíba….

Desde hace tres años en que tuvimos que aceptar en dación de pago Telemazonas, hemos tratado de venderlos, habiendo encontrado pocos grupos interesados nacionales que se han encontrado con prohibiciones legales”.

Todo se resuelve a nivel político.

Pero como nada en lo jurídico se resuelve al margen de lo político, es necesario estar alertas acerca de lo que pudo haber detrás de todo esto. Primero, es evidente la relación cercana que el Partido Socialcristiano ha tenido siempre con los Isaías, se conoce, por ejemplo, el manejo que ese partido ha hecho, con León Febres Cordero a la cabeza, en la Corte Suprema de Justicia en relación al juicio que por peculado se le sigue a los Isaías en una de las Salas de la Corte.

Y, por otro lado, es evidente también la relación que el PSC tiene con el gobierno, pues al margen de la coyuntura electoral en la que aparece como su opositor, mantiene secuestrado al Presidente de la República, con chantajes y permanentes amenazas de destitución, que luego de obtenido lo que quieren, se van disolviendo en el aire hasta una nueva oportunidad.

En este sentido, si el diputado Dávila nunca dejó, en los hechos, de ser socialcristiano, y evidentemente con su ataque a Egas se ha mostrado como defensor de los intereses de los Isaías, no es raro pensar que hubo un acuerdo con el gobierno para que, a través de estas dos instituciones del Estado, se ponga en riesgo a Teleamazonas, que ha significado siempre un constante y radical opositor al régimen.

Basta mirar cómo están estructurados la Suptel y el Conartel.

En el primer caso, el Superintendente de Telecomunicaciones es representante del Presidente de la República (elegido por el Congreso de una terna enviada por el Ejecutivo, y en medio de los acuerdos políticos con los partidos de mayoría, principalmente el PSC); en el segundo caso, Freddy Moreno Mora, presidente del Conartel, es también delegado del Presidente de la República; y el Ejecutivo tendría, además, mayoría de votos en el Conartel para retirarle la frecuencia a Telemazonas, pues cuenta con los votos de cinco vocales de los siete que integran el Conartel: el Ministro de Educación, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el representante de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, que resulta ser de Gamavisión, empresa de los Isaías.

En todo caso, el desenlace de esta situación, originada por las pugnas intermonopólicas y que involucra a los antes intocables medios de comunicación, no puede hacernos pensar que hay que sostener la defensa de Telemazonas, por el hecho de ser una víctima más de la persecución del gobierno a los medios y a los periodistas, sino que es necesario mirar todo lo que ha ocurrido y darse cuenta que cuando los grupos poderosos tienen medios de comunicación, los utilizan para defensa de sus propios intereses, y no para beneficio de la población, porque ésta, en última instancia, solo constituye el mercado para la venta de sus productos comunicacionales.

Lo que hay que defender es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre información y comunicación para los pueblos, es decir, en beneficio de los pueblos, con sus verdades, y no la libertad de empresa de algunos grupos poderosos, que comercian con verdades descontextualizadas, distorsionadas y construidas de acuerdo a la conveniencia de sus negocios. Entonces, es justo lo que dice la ley: un grupo financiero no puede ser propietario de un medio de comunicación.

Los periodistas honestos también son los afectados

Este problema ha puesto sobre el tapete de la discusión, nuevamente, el tema de los principios que deben guiar al periodismo.

Como dice el último estudio presentado por el Observatorio de Medios, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, “este conflicto de intereses entre los grupos financieros mencionados quebró la credibilidad de los medios de comunicación mencionados pero especialmente al grupo de periodistas que trabajan en ellos. La independencia y la credibilidad de Jorge Ortiz, entrevistador de Teleamazonas, periodista de la revista Diners y corresponsal de la Agencia Alemana de Noticias (DPA), de Andrés Carrión (ahora en Canal 1), así como de Gonzalo Ruiz, que entrevista en Gamavisión, así como Jimmy Jairala (candidato a Alcalde de Guayaquil por el Partido Roldosista Ecuatoriano), Hólger Guerrero y Rafael Cuesta de TC Televisión, estos últimos del grupo Isaías, así como de otros periodistas, han quedado en entredicho porque fue flagrante su alineamiento con sus respectivos patronos con el consiguiente abandono de la ética profesional y la independencia”.

Es obvio también que en esos medios existen muchos periodistas que tratan de realizar un trabajo profesional, pese a que en determinadas situaciones tengan que someterse a las políticas de sus empresas y de sus dueños. El mantener un puesto de trabajo es un derecho y una necesidad en esas circunstancias, porque en el actual escenario comunicacional, no existen muchos caminos que elegir.

El periodismo que todos quisieran hacer y en el que todos creemos, aún está en proceso de crecimiento. Existen medios que están dentro de la esfera de lo “alternativo”, entendido este término como lo diferente al poder de los grandes medios, pero cuya principal limitación sigue siendo la económica, que le impide competir en el tema salarial con las grandes corporaciones mediáticas del país.

En todo caso, el que exista en el Ecuador periodismo alternativo, y que se vaya construyendo desde lo popular toda una red nacional de comunicación, es ya un gran paso y una gran esperanza para los periodistas honestos y consecuentes con las causas de los pueblos. El crecimiento del periodismo alternativo está íntimamente vinculado al proceso de crecimiento del proceso emancipador de los pueblos, y es en ese camino en el que todos deberíamos apuntar.

El informe del Observatorio de Medios menciona que no hay ética en los dueños ni en los periodistas que fungen como empleados de esos medios. “Además, el conflicto ha creado una especie de ‘listas negras’, en las que constan personajes de diversa procedencia que nunca serán entrevistados ni se los mencionará en las noticias. Las agendas diarias, las listas de personajes a entrevistarse estarán siempre sometidas a las estrategias de la guerra entre los canales. Los televidentes, ubicados entre dos fuegos terminan desinformados y con una visión sesgada, lejos de la realidad. La otra víctima es la verdad, pues el camino hacia ella está matizada por calumnias, escondites, marrullerías de todo tipo. Mientras tanto las autoridades guardan silencio, lo cual no está bien porque la ley prohíbe que las entidades financieras posean medios de comunicación”.

¿Y los que no están en la colada?

Hay también algunos otros medios de comunicación, que aparentemente están fuera de la pelea y del escándalo, y que no dicen nada. Es obvio preguntarse por ejemplo, ¿por qué Carlos Vera no ha hecho un seguimiento ‘con cero tolerancia’ a este tema? ¿no será que él, así como la empresa en la que está, también tienen rabo de paja? Hay que recordar que cuando Ecuavisa comenzó a hablar en contra de los Isaías, inmediatamente salió TC Televisión con una denuncia de supuestos sobreprecios en la elaboración de las guías telefónicas para Guayaquil, por parte de una de las empresas de Alvarado Roca, dueño de Ecuavisa. Desde entonces… mutis.

Y si el caso de Teleamazonas se resuelve según la ley, y se le retira la frecuencia, se sentaría un precedente jurídico para que otras estaciones de televisión sufran el mismo proceso. Revisando la información que trae la revista Gestión número 120 de junio del 2004 (también del grupo Egas), por ejemplo, se puede ver que uno de los grandes grupos económicos del país, el grupo Eljuri, que tiene en su propiedad el Banco del Azuay, tiene también uno de los canales con mayor presencia nacional, como es ETV Telerama.

Y si no solo nos referimos a canales de televisión, sino también a estaciones de radio, tendremos que muchas grandes cadenas de radio tendrían que ser retiradas su frecuencia. Solo como para citar un ejemplo: todo el mundo sabe que Mario Cannesa, que fuera el primer ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez, es accionista del Banco de Machala y además es dueño de la cadena de radio Caravana…

En realidad, la información transparente, por la que muchos pelearon a través de una ley que fue aprobada recientemente, no existe en torno a saber con exactitud de quién son algunas de las corporaciones mediáticas más grandes del país.

Según información de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la que OPCIÓN tuvo acceso, en el país existen 212 canales de televisión en VHF, 102 en UHF; 278 emisoras de radio en AM y 487 en FM, los mismos cuyas frecuencias están asignadas a personas naturales y jurídicas, muchas de las cuales no se conocen públicamente. Por la coyuntura que se vive, la Superintendencia de Compañías debería informar acerca de quiénes son sus propietarios. Es conocido el mecanismo que muchos de los grandes grupos de poder usan para armar sus emporios: crean compañías ficticias o ponen las empresas a nombre de personas naturales que no tienen nada que ver con el negocio y que son utilizadas para estos propósitos. El escándalo de Telemazonas puede ser la punta del ovillo que al país le interesa desenredar.

Orlando Pérez
orlando.perez@telegrafo.com.ec

El relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, tuvo que corregir al diario El Comercio, porque jamás habría dicho que la responsabilidad ulterior de los medios y de los periodistas constituía una censura velada. Lo mismo hizo el ministro coordinador de economía, Diego Borja, con el Hoy y El Universo, sobre los créditos chinos. Todo en la semana anterior. ¿Los tres periódicos tuvieron la intención de mentir y lo hicieron de tal modo que estaban convencidos de  que lo que informaban era mentira? Seguramente que no. Tal vez sus más altos directivos, quizá aquellos que defienden que no exista una Ley de Comunicación, ni siquiera sabían que en sus páginas se cometía un grave error. Incluso, en El Comercio, Pablo Ortiz derrocha homofobia contra las medidas de acción afirmativa, en una sociedad desigual, demostrando una absoluta ignorancia de los nuevos conceptos sobre derechos humanos.

Si esto ocurre sin Ley de Comunicación, la pregunta de cajón es: ¿queremos la impunidad absoluta y eterna para que pasada una semana no se diga nada y como si el error cometido (reconocido por los tres diarios) tuviera que ser premiado? Se dirá que es suficiente con la corrección, pero: ¿qué le decimos al señor La Rue si se va con la impresión de que lo que pronuncia se interpreta políticamente para una campaña en contra de una ley, que para él es “oportuna y necesaria” porque “la Sociedad Interamericana de Prensa se opone a estos instrumentos, porque ve un peligro para la estructura de los medios de comunicación privados y la ruptura de monopolios informativos a los que estamos acostumbrados en nuestros países”?

En esa misma semana se dijo, con solo la versión de un ex empleado de El Telégrafo, que este diario atravesaba una crisis económica por irregularidades cometidas por su gerente general y que la Ministra de Economía pidió la renuncia del director y del gerente. Incluso, el editorial principal de El Universo demandó transparencia sobre el gasto de El Telégrafo. Quien escribió ese editorial, ¿por qué no pide a sus redactores que investiguen y den a los lectores de El Universo las pruebas y los datos de lo que ocurre en el diario público?

Quizá se cometen errores, menos graves y menos politizados, en los medios públicos e incautados. Habría que denunciarlos. Sí, pero quienes abogan por la absoluta libertad están cometiendo el delito de difamación con el solo afán de hacer política desde la tribuna de la supuesta libertad de empresa y de prensa.

No dicen, por ejemplo, que el 90% de la Ley de Comunicación se aprueba por consenso y solo escandalizan sobre lo que no hay acuerdo y gana la mayoría.

En definitiva, la prensa, los periódicos y los periodistas que se oponen a una Ley de Comunicación deben demostrarle al país que están en condiciones de hacer un ejercicio empresarial y profesional responsable, sin la más mínima mancha, para que no exista tampoco la mínima necesidad de una autorregulación y regulación ciudadana.  ¿Y por qué no revisan las encuestas donde la gente se pronuncia a favor de una Ley Comunicación?

La gran mayoría de dueños o editores o columnistas de medios de comunicación han sido actores políticos, -conscientes o inconscientes- al servicio de los intereses del pasado que estamos dejando atrás. Casi todos los diarios, casi todas las radios y canales de televisión, vinculados al saqueo bancario o a la evasión tributaria o las preferencias arancelarias o a la explotación laboral y a una falsa “libertad de expresión”; sin sentir vergüenza han publicado falsedades y mentiras, como el remitido contra la Ley de Equidad Tributaria sin firma de responsabilidad que “pagó” un conserje del Municipio de Nebot, o la supuesta e inventada oposición del relator de las Naciones Unidas al proyecto de Ley de Comunicación, cuyo desmentido nunca publicaron ni El Universo, ni El Comercio, ni Teleamazonas, ni Hoy.

Nebot no sabe como engañar. Pretende que no recordemos cuando violento y ebrio gritaba “ven para mearte enano hijueputa” a un diputado en el Congreso, pretende que olvidemos que fue uno de los desesperados impulsores de la creación de la AGD, -para que todos paguemos el saqueo bancario de los libaneses Isaías- y fue el “creador” del impuesto del 1% a las transacciones bancarias que ocasionó quiebras de bancos por el impacto de la desintermediación bancaria, o que cerremos los ojos y los oídos ante su violento paso por la gobernación del Guayas cuando protegía a Toral. Más cerca aún, su desesperado intento por “municipalizar” el IESS para “independizar” a Guayaquil, o una burda regeneración urbana que sólo apunta a que Guayaquil se parezca a Miami para que él y sus pelucones se sientan cómodos creyendo que están de vacaciones; y más cerca aún, su pretendida licitación amarrada con Vachagnon, -cambiada de nombre- para que sigan ensuciando a Guayaquil.

Las inundaciones producidas por las lluvias, la acumulación de basura, la caída de casas en los barrios pobres de Guayaquil han desenmascarado la publicitada obra socialcristiana. Ha quedado claro que sólo una bien montada maquinaria de mercadeo ha pretendido convencernos de que la “regeneración” es buena o suficiente para la mayoría de guayaquileños. Lo que no puede ocultar es que la mayoría de guayaquileños carecemos de servicios básicos sobre los que no quiere asumir ninguna competencia, ya que desde que Febres Cordero fue alcalde en 1992, gracias a la mayoría corrupta y comprada en el congreso nacional, los socialcristianos de Guayaquil, no son responsables, ni de salud, ni de educación, ni de agua, ni de alcantarillado, ni de transporte, ni de casi nada; todo lo cual, ¡SÍ ES RESPONSABILIDAD DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS DEL ECUADOR!

Hoy, luego de callar varios años desde que una consulta popular amañada por la publicidad de la partidocracia, se le ocurre a Nebot recordar a la “autonomía”. Separatista como es debería explicar, por qué en todos estos años de partidocracia, no planteó ningún proyecto con la mayoría que tuvo en el Congreso Nacional, para hacer avanzar “sus autonomías” en todo el Ecuador. Más bien, aprovechó la servil postura de Alfredo Palacio para hacer aprobar la Ley de Régimen Autonómico que consagró “legalmente” la inmoral figura de fundaciones privadas dirigidas por sus socios, manejando sin control los fondos públicos. Ahí aparece Nicolás Romero dirigiendo la Fundación del aeropuerto, y su hijo Nicolasito, dueño del Centro de Convenciones en el antiguo aeropuerto.

Ahora aparece en todos los canales y periódicos convocando a protestas “cívicas”, balbuceando confuso “yo no soy político, soy cívico”, y no dice que las listas de candidatos a asambleístas constituyentes por el PSC fueron puestas a dedo por él; -gracias al Diablo sólo sacaron 2 puestos, mientras PAIS sacó 10-, luego, para la Asamblea Nacional creó la figura de “Madera de Ratero”, engaño que le dio más votos, y oculta que antes del 15 de enero de 2007 se reunió “cívicamente” en Samborondón con Alvarito, Lucio, los hijos DP y su yuplis Pascual del Cioppo para amarrar la mayoría corrupta que armaron para intentar joder a Rafael Correa.

No hay que confundirse, Jaime Nebot Saadi representa el pasado oscuro y sucio que llenó de miseria, muerte, desempleo e insalubridad a la mayoría de los ecuatorianos; él representa a los que se beneficiaron durante todos estos años y por ello defiende ese pasado. Pero no hay nada “cívico” en su conducta, esto es una lucha política y Nebot representa la corrupción.

En abril de 1987, Blasco Peñaherrera Padilla, -alias Serrucho- vicepresidente del gobierno socialcristiano, también fue declarado “enemigo de Guayaquil” en una marcha “espontánea” organizada por Nebot Saadi. Marcha a la que Peñaherrera respondió elegantemente llamando a Nebot “termocéfalo” y “entontecido por el dinero”.

Por los mismos días, en El Universo de Guayaquil se publicó un comentario del Ing. Enrique Macías Chávez, editorialista de ese pasquín, comentario al que hace referencia el ex vicepresidente Peñaherrera en su libro “El Viernes Negro – Antes y después de Taura”, y que citamos textualmente:

Dice el Dr. Peñaherrera, refiriéndose al termocéfalo Nebot que lo insultaba, y que ahora quiere aparecer como educado y lleno de “civismo”:

“… En situación parecida, se habló de los hombres “enloquecidos por el dinero”. Creo que ahora comenzaré a referirme a los “entontecidos por el dinero”. Porque usar de la ley y de la autoridad del Estado, para agredir a los que discrepan, irrespetar las jerarquías y ofender las magistraturas, más que ser una locura, me parece una solemne tontería” …

Y comenta el Ing. Macías:

”Y el señor vicepresidente Peñaherrera debe tener sus razones para traer como antecedente histórico de los según él ahora “entontecidos”, a quienes también otro vicepresidente calificó, en cambio de ser “enloquecidos”. Y todos perdieron la razón por el dinero, que siempre es, a no dudarlo, poderoso caballero. Los enloquecidos surgieron –bueno es recordarlo- en el cuarto velasquismo: una ola de corrupción arrastró al régimen”…”Quizá más adelante, el doctor Peñaherrera precise que diferencia a los enloquecidos de antaño de los entontecidos de hogaño. O si son cuñas del mismo palo…”

Esta es parte de la verdad que estamos obligados a recordar para que no nos vengan con cuentos de civismo, honestidad y moral. Esta es la lucha entre la corrupción y los que buscamos una Patria nueva.

Indigna hoy ver a la inefable Viteri y al tránsfuga Herrería reclamando combate a la corrupción, cuando todos recordamos el sepulcral silencio que han guardado siempre frente a actos de corrupción socialcristiana que, además de llenarles los bolsillos de billetes a los que todos conocemos, significaron más miseria para los pobres y vergüenza nacional.

La auditoría de la Comisión de Frecuencias ha pasado casi desapercibida, los medios de comunicación vinculados a la corrupción institucionalizada han callado en actitud que los identifica. No han dado a conocer los nombres de los que se beneficiaron, ni los mecanismos que usaron para repartirse las frecuencias y consolidar el poder que les ha permitido ocultar el enriquecimiento ilícito del que han vivido

El informe ha sido hecho público y describe la forma delincuencial en la que se ha manejado la entrega y concesión de frecuencias de radio y televisión en el Ecuador durante más de veinte años. La sociedad ecuatoriana tiene hoy la posibilidad de enterarse en forma directa sobre el contenido de este documento en donde se encuentran descritos los mecanismoS y los nombres de quienes son inculpados en este hecho atentatorio contra la comunicación social honesta de la nación.

Los titulares de la prensa nacional y los espacios de televisión han dado a conocer de manera superficial los temas generales de lo que se menciona en el informe, lo que se ha constituído en un verdadero escándalo por el abuso de la libertad de expresión en Ecuador, cometido por los mismos que desde los medios reclaman ahora que la “autorregulación” sea el único control aceptable en la nueva Ley de Comunicación. Esto sería como poner a los rateros a combatir el robo, o poner a los ratones a cuidar el queso y la despensa.

En el Informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias existe una descripción completa de lo que se ha constituido en una impresionante cadena de acciones delictivas como: tráfico de influencias, abuso de poder, apropiación indebida de bienes del estado, reparto de frecuencias a medios clandestinos, asignación indiscriminada de frecuencias a dirigentes de la partidocracia, reparto de cuotas de comunicación desde el congreso nacional o desde el poder ejecutivo para dirigentes de esos partidos y otros, evasión de impuestos hasta llegar a un sonado peculado, que lo habrían cometido los concesionarios de dichas frecuencias, beneficiados corruptos en la radio y la televisión de la nación, que fingen hoy, “inocentes e ingenuos”, que son luchadores cívicos y “apolíticos”.

Tan grave es el tema, que se llega a concluir que la actuación de la autoridad que debía concesionar las frecuencias, el CONARTEL, fue integrado mañosamente por los propios dueños de medios, concesionados y agrupados en los gremios de la Asociación Ecuatoriana de Radio y la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, quienes se repartieron las frecuencias entre ellos mientras formaban parte del dicho Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Hay una lista increíble de nombres, de políticos de “prestigiosos” comunicadores, funcionarios públicos, así como una conclusión escandalosa: que los grupos religiosos, sean estos evangélicos o católicos son los que más acapararon y concentraron frecuencias en Ecuador, aprovechándose de esta “feria” de las concesiones que fue común en los años de la partidocracia.

Este informe es el resultado de una investigación realizada por la Comisión Auditora de Frecuencias, por mandato constitucional que fue aprobado en Octubre del 2008. Vamos a publicar en este Foro Politécnico el informe completo y la lista de los pícaros que hoy defienden desde su postura corrupta una falsa libertad de expresión.

No hay que confundirse, la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos que nunca fue respetado por los dueños de los medios, -recuerden cuántas veces, desde la lucha popular intentamos hacer conocer un boletín de prensa, o cuántas veces, ni pagando, publicaban nuestra opinión- Lo que estos pelucones defienden es una falsa libertad de prensa que les permite decir al aire cualquier pendejada llena de mala intención, y no ser responsables de nada ante la sociedad.

Hay que levantar el debate y enfrentar a esta gente en todos los terrenos. Rafael Correa debe entender que la única posibilidad de que esta Revolución Ciudadana se convierta en una verdadera revolución que cambie las estructuras de dominación económica y los elementos ideológicos de una superestructura que la reproduce y preserva, es encontrar y fortalecer la unidad de la izquierda revolucionaria.

Descargue el informe completo (14,7 MB) o visite la página de la Comisión Auditora de Frecuencias

"El problema está en que se cree que la libertad de expresión es un privilegio de los periodistas, cuando en realidad es un derecho universal".

Las democracias progresistas que han surgido en América Latina se ven atacadas a diario por los medios de comunicación privados, que ven en peligro sus intereses hegemónicos ante la prioridad que éstos gobiernos otorgan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

A veces como aparatos de hegemonía y dirigentes de la conciencia de parte de la sociedad civil, otras como partidos políticos y defensores de intereses económicos de grupos de poder, los medios de comunicación privados han emergido en Latinoamérica como entes que atentan contra las democracias progresistas que se han establecido en la región.

Mientras existe una permanente y abierta campaña mediática en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela contra sus gobiernos; que en el caso venezolano incluye el llamado al Magnicidio, éstos son constantemente acusados por los medios de comunicación de violar el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión.

Desde los sectores oficiales se denuncia a los medios de ejercer un papel de empresa mediática que, lejos de cumplir la función esencial de llevar a cabo una acción social, defienden intereses económicos y políticos que se han visto afectados por los procesos de cambios que impulsan las democracias progresistas.

Existe en estas naciones una realidad y es que las famosas banderas éticas del periodismo: imparcialidad, objetividad, libertad de expresión, no son nada más que mitos encubridores de un negocio mediático que, en nombre de la libertad, emprende a diario acciones contra gobiernos democráticamente electos.

A partir de esta situación se ha comenzado a hablar en la región de terrorismo mediático, figura en la que se aglomeran todas las acciones desestabilizadoras que se emprenden a través de los medios de comunicación, que incluye, según expertos, violaciones a la normativa del ejercicio periodístico.

Los medios de comunicación privados constantemente minimizan los logros y avances de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, pese a que estos han emprendido procesos de profunda transformación e inclusión social, gracias a lo cual gozan de un amplio respaldo popular, como se ha observado en procesos electorales recientes.

Vivimos en mediocracias

En entrevista concedida a teleSUR, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, sostuvo que los medios de comunicación modernos tienen la capacidad de poner y quitar gobiernos democráticamente electos, lo que significa que los ciudadanos viven en un sistema de mediocracias.

Monedero argumentó que quienes manejan los medios de comunicación han sido capaces de convencer a la ciudadanía de que la libertad de expresión no es sino la que les permite a ellos (dueños de medios) defender intereses particulares a través del negocio mediático.

En ese sentido, resaltó que el poder de los medios de comunicación es tal que organismos de derechos humanos internacionales sancionan sobre la base de informaciones de prensa y al final toman decisiones contra legítimos gobiernos.

Monedero se refirió a los informes que realizan organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), los cuales están basados en su mayoría en informaciones de medios de comunicación con una clara postura política.

Al respecto, el catedrático indicó que es necesario recordar que la información es un bien público, no es una mercancía ni algo que se pueda particularizar.

El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual, arremetió contra Venezuela al dictaminar que ese país “necesita mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos”, además de acusar al Gobierno venezolano de propiciar, entre otros aspectos negativos, obstáculos a la libertad de expresión.

Pese a su condición de organismo garante de los derechos humanos, la CIDH condena a Venezuela en la materia de libertad de expresión, mientras en ese país se desarrolla una permanente campaña contra el Gobierno desde los medios de comunicación, donde incluso se ha incitado al magnicidio y por lo que nunca han recibido sanción alguna.

Los medios de comunicación en Venezuela ejercieron un papel activo el 11 de abril de 2002 en un golpe de Estado que sacó del poder por 48 horas al presidente de ese país, Hugo Chávez, y en cuyo proceso se produjo una serie de hechos violentos, en los que murió más de una decena de civiles.

Ante esa conducta antidemocrática de los medios, que estimularon la violencia en las calles de la ciudad capital venezolana en abril de 2002, no se ha producido ningún pronunciamiento de la CIDH ni de algún otro organismo internacional de derechos humanos.

Por ello, Monedero justificó la propuesta de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, que en un encuentro que sostuvieron el pasado mes de mayo en territorio ecuatoriano propusieron la creación de un organismo subregional de derechos humanos, para atender, entre otras cosas, el papel que han jugado los medios en la desestabilización de gobiernos progresistas.

“Los medios de comunicación de hoy ponen y quitan gobiernos, vivimos en mediocracias. Es obligatorio y es una asignatura pendiente de todas las democracias, por eso emociona que por vez primera se agarre el toro por los cuernos y controlemos todo esto, que tiene poder económico, político y cultural”, dijo Monedero a teleSUR.

“La propuesta de los presidentes Chávez y Correa va abriendo camino en algo que debía estar abierto hace mucho tiempo”, agregó.

Enfatizó que los medios de comunicación han creado un sistema impune, a través de un blindaje que los protege de cualquier tipo de acción que busque regular sus ataques contra las democracias o sanciones por sus continuas irresponsabilidades mediáticas.

Insisitió en que “es tan importante que se creen organismos supranacionales para fiscalizar ésto que en el ámbito nacional es muy difícil de controlar, porque en el momento que se tocan intereses se comienza a decir que se viola la libertad de expresión y se pone en peligro la democracia”.

Responsabilidad legal

Según el periodista cubano-ecuatoriano José Ignacio López Vigil, los medios de comunicación en Latinoamérica se han tomado la atribución de evaluar, fiscalizar y sentenciar cualquier cosa, sin que se establezca un marco legal sobre la responsabilidad de esas empresas mediáticas en sus operaciones.

“El problema es que los medios en América Latina y en otros continentes se han engreído mucho, se han imaginado que son jueces de vivos y muertos, que pueden evaluar, fiscalizar y sentenciar a todo el mundo y nadie les puede toca ni con el pétalo de una rosa”, señaló López Vigil.

Por tal motivo, aseguró que es necesario cuestionar ese papel de los medios, a los cuales, a su juicio, no se les debe permitir degradar el ejercicio periodístico de la manera en que lo hacen, lo cual no quiere decir que se les censure.

Puntualizó que a los medios se les debe exigir una información verificada, que no esté basada en rumores o fantasías, al tiempo que la nueva Constitución ecuatoriana establece ese principio, que, según dijo, no está cobijado en ninguna otra Carta Magna de Latinoamérica.

“Esa arrogancia mediática hay que cuestionarla, porque el Estado no puede censurar a los medios, pero tampoco los medios pueden vivir en un fantasía o en periodismo, que ya no es sensacionalista, sino que cae en chisme y verdurería barata”, sentenció López Vigil.

“En el artículo número 18 de la Carta Magna ecuatoriana, hay una palabra que no la he encontrado en ninguna Constitución latinoamericana, cuando habla de la información dice que la misma debe ser veraz, pero verificada”, añadió.

Expuso que el rol de los medios ante el Estado y la sociedad debe ser el de informar con la utilización de una variedad de fuentes, sin incurrir en ocurrencias personales ni en ocultamientos de la realidad.

“Usted no puede decir lo que se le ocurre, que no puede inventar lo que no pasa ni puede ocultar lo que pasa, sino informar tomando todas las fuentes, verificando la información. Ese es el rol de los medios ante el Estado y ante toda la sociedad”, aseveró.

Valoró también que el artículo 18 del Texto Constitucional ecuatoriano establece que el periodismo debe ejercerse sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior.

Detalló que lo establecido en la Legislación del país andino quiere decir que un periodista no puede tener censura previa, “pero tiene una responsabilidad ulterior que lo obliga a dar cuenta y responder, ante la ciudadanía, de lo que dice o publica.

“El problema está en que se cree que la libertad de expresión es un privilegio de los periodistas, cuando en realidad es un derecho universal”, resaltó.

Abogó por la creación de instancias en Latinoamérica para la supervisión de los medios de comunicación, observatorios ciudadanos que le hagan frente a la arrogancia mediática presente en la región.

“Necesitamos observatorios de medios, veedurías ciudadanas de la comunicación social para que le pongan el cascabel a gatos y gatas arrogantes que existen en nuestros medios de comunicación social”, expresó el comunicador cubano-ecuatoriano.

Destacó que en Venezuela, Ecuador y el resto de América Latina, se está entrando en una nueva época de la comunicación en la que se expresa que el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión debe ser universal y bien ejercida por todos los ciudadanos.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha calificado en reiteradas oportunidades a los medios de comunicación como los principales enemigos de los cambios que se desarrollan en su país y de la integración regional.

Degradación del oficio periodístico

En cuanto al oficio periodístico, el periodista y analista político boliviano Carlos Soria, sostiene que los medios de comunicación han abandonado la esencia de su función social para ocupar un vacío político que han dejado partidos de derecha.

“Ha sido de manera categórica que ante la declinación, prácticamente el desbaratamiento de las expresiones políticas de la derecha, los medios de comunicación han comenzado a ocupar ese vacío, ese lugar”, dijo Soria en entrevista concedida a teleSUR.

Es decir, según el experto boliviano, los medios de comunicación, especialmente las grandes cadenas de televisión y algunas redes de periódicos están jugando el rol que los partidos de derecha deberían jugar en el ámbito democrático.

En su incursión política, según Soria, los medios de comunicación han degradado el oficio periodísitco, dejando a un lado la función de informar y toda la normativa que el desempeño de esas funciones implica.

De acuerdo con el periodista boliviano, se ha pasado a confundir directamente opininón e información, al difundir comentarios maliciosos en su afán de atacar a gobiernos progresistas, “violando toda la normativa, degradando el oficio periodístico”.

“Antes de hacer información, están haciendo propaganda todo el tiempo, disminuyendo cualquier logro, adelanto, iniciativa política, social o económica del Gobierno, o ignorando todo este tipo de aspectos”, recalcó Soria.

Recordó que, en el caso boliviano, el pasado mes de abril la Policía de ese país desarticuló una banda terrorista en el departamento de Santa Cruz (este) que planeaba asesinar al presidente de Bolivia, Evo Morales, ante lo cual los medios de comunicación social intentaron desviar la atención sobre el hecho.

Soria denunció que esa postura mediática obedece a vínculos del grupo terrorista desmantelado con sectores empresariales de derecha, entre ellos propietarios de medios de comunicación.

“En Bolivia lo hemos visto, en los últimos meses, luego de que en abril la policía descubrió un grupo terrorista en Santa Cruz, los medios han hecho todo lo posible por desviar la atención de los verdaderos responsables, de los vínculos de este grupo terrorista con núcleos empresariales de la derecha en Santa Cruz”, detalló Soria a teleSUR.

Este tipo de acciones las catalogó como una especie de terrorismo mediático al que se enfrenta el pueblo boliviano a diario, y recordó que algo similar ha ocurrido otros países, particularmente en Venezuela cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002.

Conspiraciones, golpes de Estado y planes injerencistas, son maquillados informativamente para justificar al mundo la necesidad de frenar cualquier visión o acción progresista en la región.

En América Latina, los medios de comunicación han emergido como aparatos de hegemonía dominante que, prioritariamente, persiguen moldear y dirigir la conciencia de la sociedad civil contra el orden democrático.

Ante la realidad, se plantea un tema de revisión no sólo para las instancias nacionales, sino para los organismos que a nivel internacional les interesan los derechos humanos y el respeto por la democracia.

“Usted no puede decir lo que se le ocurre, que no puede inventar lo que no pasa ni puede ocultar lo que pasa, sino informar tomando todas las fuentes, verificando la información. Ese es el rol de los medios ante el Estado y ante toda la sociedad”

Manuel F. Díaz

Carol Murillo, cmurillo@telegrafo.com.ec

En los detalles está la diferencia. Hoy son interlocutores válidos, del debate político, sectores que hasta hace poco solo eran parte del paisaje social del país: los indígenas, los maestros, los trabajadores, los informales.

La derecha vacía de cuadros y razones para existir políticamente sueña con que los excluidos –sus excluidos- enciendan la mecha social que inicie, por fin, la desestabilización y caída del gobierno de Rafael Correa.

Esa derecha, expresada en muchos de los medios de comunicación libres, otorga una cobertura inusitada a las protestas de profesores y estudiantes públicos.

Ahora son maestros y estudiantes. Le han elevado la categoría dependiendo de contra quién protesten. Cuando yo era estudiante pública y esos mismos estudiantes y maestros se paralizaban, la cobertura era distinta. Se exhibían sus peores actos: piedrazos a los policías, rotura de parabrisas, “estudiantes” que portaban armas y disparaban a mansalva, en fin, malandrines y no estudiantes; jóvenes que aterrorizaban una zona –la calle América y sus alrededores del Mercado Santa Clara (Quito)- y atentaban contra la propiedad privada.

Ahora, paradójicamente, existen la UNE y la FESE como entidades respetables. Agrupaciones que encarnan intereses clasistas legítimos. En el pasado eran ‘brazos armados’ de un partido degradado: el MPD. Hoy son invitados de honor en los medios libres, y sus desmanes estimulan titulares y portadas en los diarios libres.

El rector del colegio más glorioso de Guayaquil se presenta -un día después de su destitución- en dos canales de TV. Su presencia deschavetada y su discurso enredado desnudan la verdadera situación del magisterio: mediocridad y pobreza intelectual –antes achacadas por los medios privados- hoy son reemplazadas por la valentía de enfrentarse a un ‘régimen fascista’.

Otro rector, de una universidad guayaquileña, vulgar al responder el celular cuando un día –hace varios meses ya- se le pidió un artículo de opinión para el diario público, hoy recorre las calles vilipendiando al Gobierno y abrazando la causa de la educación superior en su sustrato más abusivo: la autonomía.

Los indígenas, otrora una facción que ‘no representa’ al país -porque aún quedan rezagos coloniales de vergüenza cultural- hoy son el subterfugio de la derecha mediática. Ruegan que esta madrugada el Ecuador sea obstruido en sus principales vías internas. No importa si la lucha se debe a una mala e interesada lectura del Proyecto de Ley de Aguas, no. Lo rentable es que el Gobierno tiemble. Y que los indígenas, esa mancha de nuestro paisaje, esa postal de pobreza que se llevan los extranjeros que consumen el turismo mestizo, sean quienes lo golpeen con toda su “fuerza social”.

Los trabajadores, otrora sindicatos dorados con una dirigencia vitalicia sin vergüenza, son también animados a facturar la pólvora…

Muchos medios libres son vitrinas de un malestar social artificial. O, por lo menos, muy distinto a épocas de lucha real como aquella aleccionadora cruzada por la no firma del TLC.

La derecha y sus muchos medios juegan a la piromanía social con la más absoluta libertad de expresión. ¡Qué ironía!

Amelia Ribadeneria,  10/09/09

Como si 21 años de dolor no fueran suficientes, don Pedro Restrepo todavía tiene que soportar los golpes mediáticos en nombre de la “libertad de expresión” y del “buen periodismo”. Sus hijos adolescentes, Santiago y Andrés, fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos por policías. El Estado se declaró culpable, admitió la brutalidad, la ilegalidad, el horror, el crimen que cometieron sus “malos elementos” entrenados para ejercer esos oficios condenables que no admiten un solo día de perdón para no correr el riesgo de que vuelvan a ocurrir.

Pero como todo eso no basta, Teleamazonas, en un reprochable show mediático, presentó con total desparpajo al hombre que la justicia ecuatoriana sentenció por esos horrores que este país debe tener escrito en su historia vergonzante. Sentí ganas de vomitar al mirar ese indignante espectáculo del detector de mentiras: el ex policía se declaró inocente ante la audiencia de Teleamazonas, suficiente para andar por la vida en paz, aliviado, sin culpas. Confirmado: uno es inocente o culpable según el noticiero de televisión.

Me horrorizo. El canal pisoteó la memoria de esos adolescentes que tuvieron la trágica suerte de encontrarse en el camino con aquellos policías que se sentían dueños de nuestras calles, de nuestras libertades, de nuestras vidas por la política de estado de ese entonces. El canal arrasó con el dolor de una familia que no ha dejado de sufrir desde ese maldito 8 de enero de 1988, cuando los adolescentes desaparecieron en manos de los “agentes de seguridad”.

Para Santiago y Andrés, para toda la familia Restrepo Arismendy, la tortura sigue. Esta vez, la caja ronca del lindo canal fue el escenario de flagelación pública para que nunca olviden lo que significa el poder de un sistema que pactó con el crimen para mantener la casa en orden. Y como toda tortura, no tuvo una gota de remordimiento ni conmiseración con las víctimas, les dieron con todo. Limón y sal en la herida de muerte.

¡Que viva el buen periodismo! Sin preguntarse por qué y para qué. Sin medir las consecuencias. Sin ponerse en los zapatos del otro, montaron un escenario infame para restregarle a esta familia el dolor de tener unos hijos muertos en las sombras. Tribunal de injusticia: vayan torturadores, violadores, asesinos, corruptos al lindo canal y pasen el detector de mentiras para que se sientan inocentes. Cerremos los juzgados. Exiliemos a los jueces. Con medios de comunicación y periodistas tenemos suficiente.

No fue un supuesto crimen. No son supuestos asesinos. Supuestamente no fueron llevados al SIC 10. No se presume de una política de Estado de tortura, desaparición y muerte. Fue una realidad. Hay sentencias. Periodistas, lean la solución amistosa 11.868 del 5 de octubre de 2000, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un crimen de Estado. No hay dudas.

Lágrimas sin fin. El corazón es una grieta. Sangra el alma. Unos niños lloran en la jaula de la muerte. Una madre, un padre, una hermana se desgarran la vida pidiendo justicia, buscando sus huesitos para darles cristiana sepultura. La verdad se hace trizas. En el horizonte, unos niños resisten la ignominia.

Héctor Chiriboga Albán, Sociólogo

El Telégrafo,  22/06/09

Lo de  Teleamazonas  abre  la posibilidad de discutir de manera seria e informada sobre la libertad de expresión y otros conceptos. Nos compete como sociedad: los ciudadanos informados, las universidades, ONG´s, el sistema educativo público y privado, etc., tenemos que hablar sobre un tema que nos ha convocado desde antes de ahora. Criticábamos el entretenimiento burdo y la calidad de la información convertida  en mercancía para el corazón y las tripas  y no para pensar.

Sin embargo, no fuimos muy eficaces en nuestra crítica. Por ejemplo, nuestros intentos de observar de manera académica a los medios   se estrellaron con la realidad: a estos no les interesa que alguien pueda decir algo crítico sobre su trabajo. Por otro lado, creo sinceramente que en algunos ámbitos institucionales se sopesó lo que podía significar “meterse” con los medios, al fin y al cabo es a ellos a donde van los estudiantes a realizar sus prácticas.

No fuimos capaces de enfrentar con éxito el dicho que los medios y los promotores del mercado sin regulación manejan: si no le gusta cambie de canal o no compre ese diario, que equipara las noticias a una lata de atún. Para este tipo de razonamiento la sanción está en manos del consumidor. Pero resulta que, incluso en el caso de la lata de atún, el consumidor tiene la opción de actuar como ciudadano  y exigir que se respete su derecho, ante una instancia pertinente y calificada.

Estamos orillados a decidir entre aquellos que defienden su negocio apelando a la defensa de la libertad de expresión y los otros que con criterio más judicial que técnico, conceptual o político intentan regular una actividad, que debe ser objeto de continua observación crítica por los ciudadanos.

Los medios, ¿son capaces de sacar alguna lección? Incluso cuando todo esto está sucediendo, son incapaces de salirse de su esquema mercantil sensacionalista. Lo que observamos son las imágenes de los protestantes y sus carteles. Dan por sentado que el reclamo de los empleados y sus familiares es justo: la democracia y la libertad de expresión están amenazadas. No pueden cuestionar sus presupuestos. Es difícil que de ellos provenga un debate serio. Del otro lado no está  claro el sentido, político o  conceptual de la posible medida.

Como ciudadanos no perdamos esta oportunidad de aportar por fuera de esta dicotomía.