La burguesía proimperialista se queja por la pérdida de sus privilegios consagrados en leyes dictadas servilmente por congresos liderados por las mafias de la partidocracia, así como por los cambios que están ocurriendo en una institucionalidad –superestructura según el Materialismo Histórico- que consagró y reprodujo durante 30 años sus modos de enriquecimiento ilícito, inmoral e impune a través de la evasión tributaria, las exenciones y liberaciones tributarias, la protección arancelaria selectiva, devaluaciones, créditos vinculados, tasas de interés leoninas, subsidios para los ricos y en general, con un estado desarticulado en lo social, pero sólidamente articulado para protegerlos y beneficiarlos a través de la concentración de los negocios de las áreas estratégicas, lo que dio lugar al saqueo desaforado en las aduanas, eléctricas, telecomunicaciones, petróleo y gas, infraestructura vial, etc.

Los otros, los militantes de PAÍS, desde una casi nula organización y una casi nula formación ideológica y política, sin poder interpretar los triunfos obtenidos y como náufragos refugiados en sus ambiciones personales y los espacios de poder a los que pueden acceder, sólo se sostienen por el liderazgo indiscutido de Rafael Correa, a quien le resulta cada día más difícil sostener el fardo que es constantemente alimentado por denuncias de corrupción que no se las procesa de manera adecuada por su condición de clase y porque hacerlo sería distanciarse de los sectores de empresarios nacionales que lo apoyan, los que, no conociendo otra manera de vincularse al estado, pretenden beneficiarse de él como lo hicieron quienes tuvieron oportunidad en los gobiernos neoliberales.

Las medidas del gobierno se inscriben en el mismo marco de política económica formulado en enero de 2007: apuntan a fortalecer la economía nacional desde una óptica keynesiana de intervención activa del estado en los sectores estratégicos o de mayor impacto potencial, para dinamizar la demanda agregada mediante la inversión y el consumo públicos, y el proponer oportunidades de inversión y estímulo a la producción a los sectores de empresarios nacionales y artesanos, a los que quiere convertirlos en su principal apoyo para la reactivación económica ante el boicot instrumentado por la burguesía vinculada al imperialismo.

Otra línea maestra que ha condicionado el diseño de la política económica del gobierno de Correa ha sido la dolarización. Un país sin moneda ve limitado el instrumental de políticas a adoptar, y siente, como una espada de Damocles el permanente riesgo de iliquidez, especialmente en una economía como la nuestra estructuralmente débil en el sector externo, dependiente en altísimo grado del precio del petróleo y de las remesas de los migrantes y con un sector industrial casi inexistente e ineficiente.

Medidas como regular el coeficiente de liquidez doméstico ha significado el retorno al país de 600 millones de dólares para sostener la liquidez; igual ocurre con la inversión en el país de 1.600 millones de dólares de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad para financiar proyectos estratégicos y del sector privado; por otro lado, la fijación de la tasa de interés pasiva máxima para las inversiones del sector público tiene como objetivo quitarle presión a la subida de la tasa activa que el sector bancario  privado fija en los créditos que otorga, y al mismo tiempo se reducen las tarifas de los servicios financieros que presta la banca; por último se regula las inversiones del sector público en la banca privada a través de la banca pública. Todas estas medidas tienden a garantizar liquidez al sistema, a la vez que se busca dinamizar los sectores productivos nacionales.

Se fija tarifa cero para los artesanos registrados y se devuelve el IVA a los operadores turísticos nacionales que hacen turismo receptivo, así como a los turistas extranjeros que compran producción nacional. Estas medidas, junto a las oportunidades de crédito que se proponen, más la reducción de la tasa de interés y de los costos de los servicios financieros deberían permitir una reactivación económica adicional a la prevista desde la inversión pública para el próximo año.

La fijación de un Impuesto Mínimo y el establecimiento de Impuesto a la Renta a los dividendos son medidas que buscan ampliar la base de contribuyentes incorporando a un gran número de evasores, y establecer mejores niveles de equidad en la tributación, haciendo que quienes más ganan contribuyan proporcionalmente. Al respecto, los productores de flores tuvieron ventas por 480 millones de dólares en el 2007 y sólo pagaron impuestos por 2´570 millones, es decir un 0,57% sobre sus ventas. Los camaroneros exportaron 500 millones y sólo tributaron 2´330 millones, un ínfimo 0,47% de sus ventas. Los bananeros exportaron 1004 millones de dólares y tributaron sólo 3´090 millones, es decir un miserable 0,03%.

No existe aumento de impuestos, no hay ataques a los sectores productivos ni camino al comunismo. Lo que hay es la ruptura del gobierno con sectores productivos vinculados a la especulación financiera y al comercio exterior y tibios intentos por establecer relaciones con sectores de productores nacionales que dinamicen la producción de valor agregado exportable, apoyados en una fuerte inversión pública en infraestructura y sectores estratégicos.

La gran limitación es que el gobierno parece no tener claro como dinamizar los sectores de la economía popular, comunitaria y solidaria, ya que para dichos sectores, en el ámbito de propiciar y fortalecer procesos productivos y de organización popular, no se encuentra iniciativas sólidas, sino más bien cómodas reculadas como esa de no expropiar todavía las tierras productivas no cultivadas durante dos años a pesar de que se lo anunció como una forma de incorporar a los pobres a la producción agroindustrial nacional y al fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

Más bien se visibilizan posturas retrógradas como conculcar derechos de los trabajadores consagrados en convenios internacionales y mundialmente aceptados a través de la Organización Internacional del Trabajo, debe entenderse que los privilegios laborales que hay que eliminar son los que en una colusión digna del más alto grado de corrupción pactaron dirigentes y administradores corruptos en las superintendencias, en el Banco Central, en las eléctricas como CATEG, etc. No los 3 dólares de subsidio de los trabajadores de la salud o de los maestros, no el derecho a la organización y a la huelga.

Otra postura retrógrada vemos en los golpes que se irroga al laicismo invocando posiciones curuchupas y clericales superadas por la revolución liberal desde 1895 y retomadas en este gobierno de la revolución ciudadana en el Decreto Ejecutivo Nº 1780, y también es retrógrada esa especie de parálisis en el combate a la corrupción que no permite asumir posturas proactivas, sino que se reacciona explicando de manera insuficiente las denuncias que descalificados como Balda o los perros de Chevron hacen en los medios cómplices del pasado. ¡En el combate a la corrupción debemos ser radicalmente distintos a la partidocracia!

La incontinencia verbal del presidente no ayuda. Eso no es revolución y más es lo que complica que lo que resuelve, se necesita serenidad para trazar el rumbo y firmeza para mantenerlo, lo que está en disputa requiere de nuestro absoluto compromiso y madurez. La organización popular es el camino; en la creación de un partido sólido y movilizado debe de forjarse la unidad de la izquierda para asegurar la consolidación de las conquistas y la participación popular.

CÉSAR PAZ Y MIÑO
cpazymino@telegrafo.com.ec

El Decreto 1780 rememora la alianza entre la Santa Sede y el Ecuador,  mencionando un decreto de 1937 en el que se garantiza el accionar de las diócesis y agrupaciones religiosas. Con este antecedente y otros argumentos citados de la Constitución: los derechos de los padres, el derecho del Estado a dar salud, protección, educación, integración social, etc., se deja puerta abierta exclusivamente a la evangelización católica y con este medio,  incorporar a la vida socio-económica del país a los grupos humanos que habitan en la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado: Amazonía, Esmeraldas y Galápagos. Para este fin el Ministerio de Gobierno firmará contratos con las misiones católicas para adoctrinar y junto a los Ministerios de Educación, Agricultura y Ambiente, el Estado incidirá ideológicamente sobre otras creencias, irrespetando los derechos de los no católicos. ¿Por qué no se autoriza a adoctrinar a los budistas islámicos, judíos o mormones?
El decreto que contempla apoyo económico, dice: “El Estado se compromete a financiar y mantener a las misiones católicas”, e incluso justifica el pago que harán los padres de familia de los fiscomisionales. ¿Qué pasó con el mayor apoyo a la salud del país, por qué no se aumenta el gasto en ciencia y tecnología, o se reactivan los proyectos de investigación o se financia a más becarios en ciencia?

Guillermo Churuchumbi, coordinador de la Ecuarunari, dijo contundentemente que el decreto desconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, atenta contra su vida y cultura. El momento en que se habla de la protección de la Iglesia estamos retrocediendo 500 años. “Se terminará homogeneizando y desaparecerán los pueblos indígenas, sus lenguas, cultura y prácticas medicinales. Todos tendrán una sola religión”. Los pueblos son entidades históricas milenarias y colectivas que requieren el fortalecimiento de su territorialidad, sitios sagrados, cosmovisión e identidad cultural. Entonces, ¿por qué se apoyará a una sola religión, con qué derecho se hace esto? Se ha dicho que no tiene fines lesivos sino beneficiosos. Lastimosamente, la historia nos muestra lo contrario con las religiones: guerras, invasiones y más en nombre de Dios.

El Estado es laico y por éste luchó Eloy Alfaro y es el que se defiende en la Constitución (Art. 1). Y aunque sea trillada la frase de K. Marx, “la religión es el opio de los pueblos”, hay que tomarla en cuenta pues lo que se está haciendo es envenenando, como el mortal veneno fluoroacetato de sodio conocido como 1080, las conciencias laicas, libres, agnósticas y ateas, y las mentes de los shamanes, las creencias ancestrales, las lenguas casi muertas, las tradiciones “paganas” como las calificó la Inquisición. En vez de dar poder a la investigación, al ingenio, a la innovación tecnológica, a las ciencias puras, a las artes, a la discusión académica, nos quieren adoctrinar nuevamente.

Genéticamente somos mestizos, queremos identificamos con Atahualpa y con el dios Sol; no queremos integrarnos social ni económicamente, ni aculturizarnos, no queremos evangelización, queremos tener el mismo derecho de proclamar el agnosticismo y hasta que se financie esta cruzada.