Un sector minero entregado a empresas nacionales y extranjeras que al amparo de una Ley de Minería promulgada en el gobierno de Febres Cordero y perfeccionada por los privatizadores de Duran Ballén y Noboa Bejarano, recordemos que en ningún caso sometieron sus propuestas de leyes al debate ciudadano, se apropiaron de miles de hectáreas “concesionadas” ilegal e inmoralmente, lo cual obligó al gobierno actual a terminar con más de 4000 concesiones que durante años explotaron la tierra sin considerar la contaminación ambiental o los derechos de los trabajadores, y que, por otro lado, favorecieron el comercio corrupto de tierras de las comunidades ancestrales en un tráfico que solo a ellos beneficiaba.

Un sector petrolero paralizado, con la producción declinante desde hace algunos años, sin inversión en exploración o en explotación,  sin protección a los trabajadores que fueron “tercerizados” para burlar sus derechos, y regalando a las compañías privadas, no sólo el 85% de la producción obtenida, sino además, el 100% de los excedentes en los precios pactados; vendiendo petróleo crudo para importar derivados, porque ese era el negocio de los socialcristianos; con contratos de participación y/o de prestación de servicios, realizados de tal manera,  que consagraron la corrupción institucionalizada y la entrega de nuestra soberanía y de nuestros recursos. Como triste ejemplo, está el heroico esfuerzo de las comunidades indígenas para sostener durante lustros el juicio contra la Chevron-Texaco, que luego de años de explotación petrolera, sembró  de muerte nuestra Amazonia.

Un sector industrial dependiente de maquinarías, tecnología y materias primas extranjeras. Acostumbrado a comprar bienes de capital obsoletos y por eso con un alto grado de capacidad instalada no utilizada; divorciado totalmente de las necesidades del desarrollo, indiferente a las posibilidades de producción agro-industrial que hubieran permitido generar un importante valor agregado para nuestras exportaciones; acostumbrado a recibir protecciones arancelarias, exenciones tributarias, subsidios y “tratados” que desde el estado que hoy cuestionan, les garanticen acceso a mercados internacionales que les permitan dejar fuera sus utilidades.

Un sector agropecuario dedicado a la producción destinada a la exportación desde el monocultivo y desde la producción intensiva en el uso de agroquímicos y venenos que lesionan la vida de los trabajadores y de los consumidores; la exportación de banano, de flores, etc. les permite expoliar al productor nacional con precios ínfimos, y dejar en otros países las enormes utilidades que ganan,  sin atender a las necesidades de alimentación de la sociedad; y peor, sin articularse con los demás sectores de la economía para sustentar la generación de empleo, la soberanía alimentaria, el respeto al medio ambiente y una racional utilización del agua.

Empresarios agrupados en cámaras de la producción consagrados a la evasión y a la elusión tributaria como deporte nacional, acostumbrados a exigir financiamiento a intereses preferenciales para sus proyectos, dedicados a la violación sistemática de los derechos de los trabajadores, pagando salarios de hambre discriminando a mujeres y niños, extendiendo sin remuneración las jornadas de trabajo y rotando indefinidamente a los trabajadores entre sus empresas tercerizadoras –Alvaro Noboa tenía cerca de 150- para eludir el pago de obligaciones básicas de los trabajadores y no adquirir ni respetar compromisos patronales,  beneficiándose del trabajo de niños –al punto que EEUU censuró esa práctica de nuestros “eficientes” empresaurios- y despidiendo sin indemnizar a los trabajadores que reclaman por sus derechos, gracias a los jueces de trabajo puestos a dedo en el reparto que hizo la partidocracia de la función judicial.

Esta situación fue generando durante muchos años un ambiente propicio para el colapso. El sector eléctrico no crecía en su capacidad de generación lo suficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional. La minería era un saco sin fondo en donde se llevaban toda la producción, contaminaban inmisericordemente el medio ambiente y dejaban poblaciones famélicas llenas de trabajadores desamparados y enfermos. El petróleo no servía para nada, lo poco que se extraía era para las empresas privadas, -nacionales o extranjeras- y era tan irracional la situación que, en lugar de beneficiarnos por las exportaciones de petróleo cuando subía el precio del crudo, la necesidad de comprar derivados de petróleo producía un peso negativo en nuestra Balanza de Pagos.  Los industriales, bien gracias, subsidiados por el estado para sostener su ineficiencia y evadiendo. Los propietarios agropecuarios, idem, apropiándose además del agua que no dejaban fluir hacia las tierras de los campesinos pobres.

Si todo el sector real, es decir, el sector productivo de la economía, fue devastado, ¿cómo ha sobrevivido este país?

Pues, de la especulación financiera, de los flujos financieros propiciados por la corrupción institucionalizada desde los gobiernos de turno: (eléctricas, carreteras, gas, petróleo, barcazas, telefónicas, ropa sucia, verificadoras en las aduanas y contrabando abierto, venta de jueces y diputados, consultorías con el BID, el BIRF, FMI, comisiones y coimas en todo ello), y del lavado de narcodólares provenientes de Colombia y Perú. Y de las ventas al extranjero, y de las utilidades no repatriadas. Y del saqueo bancario además, robarse 8.000 millones de dólares mediante la congelación de depósitos y mediante la creación de la AGD y mediante la emisión inorgánica del banco central para cubrir los huecos dejados en los bancos de los pelucones, no es pelo de cochino. Levantarse con los intereses de la deuda externa, que hace tiempo estaba en manos de acreedores ecuatorianos, explica por qué gritaron tanto los medios de comunicación cuando el gobierno del Presidente Correa hizo la oferta de compra al 30% del valor nominal los Bonos Global 2012 y 2030.

Esto explica porqué gritan tanto los medios de comunicación. Hoy, los Isaías no tienen su aparato mediático, pero los Egas, Alvarado, los Pérez, los Mantilla, los Martínez, los Acquaviva, el gordito que me falta de canal UNO, -que son los dueños- azuzan a sus canes para crear un concierto de aullidos. El problema es que las medidas del gobierno los golpean justamente donde les duele: en los bolsillos, en los flujos de caja y en los negocios armados con los “países amigos” donde habían amarrado la balsa desde hace tiempo.  No saben cómo ir a amarrar negocios con Irán, o con China, o con Venezuela, o con Cuba, o con Rusia. Antes, el estado concertaba tratados y acuerdos, y ellos se apropiaban de los mercados mediante una coima a unos cuantos funcionarios corruptos. ¡Cuántos exministros se hicieron ricos así!

Pero lo peor es la devastación moral que sembraron en el Ecuador. Todos conocemos a un ladrón viviendo en Samborondón. O en cualquier otra parte del país. El problema no es en donde, sino que ese cantón se convirtió en símbolo de la corrupción porque todos los pillos van a vivir allá. Es una manifestación de arribismo social. Ya no valoran lo que cada ser humano es. Valoran lo que tienen. Así sea mal habido. Lo que les importa a estos pillos es parecerse a los ricos. Acercarse a ellos, ser como ellos. Y por eso es fácil encontrar a tanto chiro de antes, rico de hoy, que es más prepotente, abusivo y procaz que el rico de siempre.

Y resulta que, juntos, chiros de antes y ricos de siempre, terminan juntos defendiendo un estado de cosas y un “modelo” de enriquecimiento que no respeta valores, ni decencia ni honor. Sólo importa tener y ostentar, y terminan, como decía Alberto Cortez de la infiel y el cornudo, “los dos, en la misma cama”

27/11/09

El país ha visto desfilar por los medios de comunicación colectiva como una comparsa burlesca, a una serie de técnicos vinculados con el pasado neoliberal y de novísimos especialistas como Jaime Nebot, quienes acusan al gobierno de negligencia y de no haber instalado ni un solo kilowatio.

Pero esto no es un hecho casual ni tampoco debemos lamentarnos, siempre fueron dueños de los medios de comunicación, por esta razón los mismos grupos de poder que en 1996 aprobaron una ley que convocó a los capitales privados a invertir en el sector eléctrico y por otro lado, decidió destinar los fondos del Estado a la recompra infame de la deuda externa renunciando el Estado a jugar ningún rol en el desarrollo del sector energético del país, son hoy quienes acusan en un sainete que indigna y ofende.

Es más, en un alarde de cínico manejo del poder, en el ambiente de la peor tragedia griega se atreven a plantear la necesidad de la inversión privada para tener energía, quienes durante casi 15 años llenaron todos los espacios con el dogma neoliberal y privatizador, quienes decretaron las tarifas eléctrica más altas de latinoamérica para atraer la inversión extranjera sin conseguirlo, quienes fraccionaron el sector eléctrico en sociedades anónimas para privatizarlas y fracasaron en dos intentos de venta y subasta, quienes convocaron la inversión privada en proyectos de generación y fracasaron continuamente y por cerca de 10 años con Mazar y Termoriente, quienes son los responsables del desastre vergonzoso de la Central San Francisco con Odebrecht, hoy simplemente debieran pedir perdón por la herencia que han dejado a su paso.

Durante 15 años repitieron el mismo ejercicio y el mismo dogma, al final el resultado es un sector eléctrico con empresas quebradas, con tarifas de explotación, un país sin energía, un sector eléctrico que arrojó pérdidas del orden de los 500 millones anuales que debimos invertirlos en educación, vivienda, salud y vialidad y no en remendar el fracaso privatizador de quienes hoy desvergonzadamente aparecen como sesudos analistas.

Por estas y mil razones más, nos indigna que destacados defensores de la privatización hayan sido asesores del Ministro Aleksey Mosquera y todavía sean Subsecretarios del actual Ministro de Electricidad o funcionarios del CONELEC. Nos indigna que persistan entidades que responden a la visión neoliberal del pasado como es el caso del CENACE que tienen claras responsabilidades en la crisis actual. Nos indigna que todavía hayan concesiones con el pasado como en el caso de la negociación con Machala Power o como en el caso de las unidades de generación irresponsablemente fuera de servicio en la ex Categ o como en el caso de la acción fiscal contra Odebrecht en la estafa a Hidropastaza.

Este es el gobierno que decidió financiar Coca Codo Sinclair con los recursos que la partidocracia destinó para la recompra de la deuda. Este es el gobierno que frente al abuso tarifario decretó la tarifa de la dignidad para beneficiar a mas de 6 millones de ecuatorianos. Este es el gobierno que con el Mandato Constitucional 15  desmontó el costo marginal y con esto el modelo privatizador vigente por cerca de 15 años. Este es el gobierno que con la Ley de Empresas Públicas unifica nuevamente el sector eléctrico para el desarrollo y la soberanía energética, por eso exigimos la radicalización del proceso de reestructuración del sector eléctrico y rechazamos los compromisos y las vacilaciones.

Los cortes de energía son hijos espurios no solamente de un estiaje inédito, son también hijos del pasado privatizador y de las vacilaciones del Ministerio, pero sobre todo, son la consecuencia de la falta de liderazgo para llevar hasta el fin la reestructuración del sector eléctrico, para dejar atrás el pasado privatizador, solo así se explican más de 300 MW que están indisponibles por falta de mantenimiento y que hubieran salvado la crisis que estamos sufriendo, solo así se explican las actitudes de compromiso de los organismos de control como el CENACE y el CONELEC.

El País reclama soluciones inmediatas y urgentes, confiamos que para mediados de diciembre los cortes de energía sean cosa del pasado.

Somos un país con un potencial hidroeléctrico de mas de 10.000 MW  y un gobierno que apuesta por el desarrollo y la soberanía, la crisis eléctrica debe pertenecer al pasado.

]]> http://www.foropolitecnico.org/2009/11/crisis-electrica-ii/feed/ 1 http://www.foropolitecnico.org/2009/11/crisis-electrica/ http://www.foropolitecnico.org/2009/11/crisis-electrica/#comments Mon, 16 Nov 2009 19:36:30 +0000 Francisco Castelló http://www.foropolitecnico.org/?p=504 A  MANERA  DE  EDITORIAL

16/11/09

Después de más de 10 años se repiten los apagones y le restricción de energía en el país, vuelven los editorialistas y los especialistas improvisados, vuelven el caos vehicular y la falta de atención en las oficinas públicas, vuelven las denuncias y los negocios sin escrúpulos, vuelven la desesperanza y la ira ciudadana, como la ira de Dios, como el coraje acumulado en las espaldas de todos los días.

A pesar de estos sinsabores, sin embargo de que es el peor estiaje en los últimos 50 años, lo cual es un hecho evidente, sin embargo de las disculpas públicas del Ministro, sin embargo de las declaraciones infaustas de Alberto Acosta que se olvida que uno de los principales responsables de esta crisis es su Ex Subsecretario, Ing. Aleksey Mosquera, esta crisis tiene la virtud de desnudar al sector eléctrico, de mostrarlo al país con sus indecencias y sin sus vestiduras.

¿Cómo explicarle al país que si la ex-Categ, Termoguayas, Intervisa Trade, Power Barge y Machala Power hubieran cumplido con sus compromisos con el país, los daños consecuencia de este estiaje hubieran sido casi nulos? ¿Cómo explicarle al país que hay organismos como el CONELEC y la CENACE que tienen que velar por estos cumplimientos y no lo hicieron? ¿Cómo explicarle al país que hay un regulador (CONELEC) que no regula, que hay un operador (CENACE) que no opera y que hay un país que no tiene servicio?

Recurrimos a un solo ejemplo, el CONELEC está facultado para intervenir las empresas en el evento que se ponga en riesgo el suministro de energía, es más, en medio de la crisis intervinieron tardíamente y están operando Power Barge a pesar de las resistencias de sus propietarios, pero ni el CONELEC ni la CENACE hicieron nada para recuperar ni siquiera las unidades de la ex-Categ que supuestamente son del Estado y disponer de un parque generador listo para emergencias.

Es más, en el caso de Machala Power se gestionó el pago de alrededor de $54 millones adeudados por las distribuidoras y no se exigió la inversión urgente en una nueva unidad de generación que en ciclo combinado aportaban más de 150MW que es casi el 50% del déficit de energía en el país, como en el pasado se privilegió el interés del inversionista extranjero, es más, coincidimos que el camino correcto debió ser negociar la propiedad de Machala Power como una primera etapa y posteriormente recuperar la explotación del gas del golfo, frente a la falta de inversiones de EDC, frente a la demanda que nos puso en el CIADI, frente a la urgencia de desarrollar la explotación del gas en el golfo y disponer de energía suficiente y de bajo costo.

Cuando decimos que esta crisis tiene la virtud de haber desnudado el sector eléctrico, lo que queremos decir es que a pesar de los esfuerzos del Gobierno en desmontar la estructura neoliberal, todavía en el sector eléctrico sobreviven entidades y actúan profesionales vinculados con el pasado privatizador, que mantienen posturas de sumisión frente a las empresas privadas de generación, que son incapaces de liderar un proceso de recuperación del sector eléctrico a favor del país y que hoy están obligados a darle explicaciones.

Es irónico que el estiaje le pase factura al Gobierno de la Revolución Ciudadana, al gobierno que decidió terminar con casi 20 años de manejo neoliberal y declarar prioritaria la inversión en generación eléctrica con recursos que antes era dedicados al pago de la deuda externa. Al Gobierno que decidió terminar con casi 20 años de tener las tarifas eléctricas mas altas de latinoamérica y por encima de las leyes neoliberales que se lo impedían decretó la Tarifa de la Dignidad para cerca de 6 millones de ecuatorianos. Al gobierno que tuvo el coraje de  terminar con el modelo marginal y de mercado que destruyó el sector eléctrico provocando déficits anuales del orden de $500 millones que debieron ser invertidos en salud y educación y con el Mandato 15 de la Asamblea Constituyente  inició una nueva etapa en el desarrollo eléctrico nacional. Al Gobierno que para invertir los recursos del Fondo de Solidaridad en el sector eléctrico, tuvo que recurrir al Mandato 9 porque las leyes neoliberales le impedían hacerlo.

Este Gobierno tiene el deber de terminar con el desmontaje de las leyes y estructuras neoliberales en el sector eléctrico y el Foro Politécnico así lo reclama, tienen que cancelarse los administradores que no cumplieron, tienen que exigirse los compromisos a los inversionistas extranjeros, que entiendan una vez más que esta no es tierra de nadie, tiene que trabajarse en la nueva Ley Orgánica del sector eléctrico, que cierre esta vergonzante historia neoliberal de pretendida privatización, al final, tiene que profundizarse la Revolución Ciudadana y construir un nuevo País, lejos de la ignominia del pasado.

François Houtart *

La idea de extender el cultivo de los agrocarburantes en el mundo y particularmente en los países del Sur es desatrosa. Ella forma parte de una perspectiva global de solución a la crisis energética. En los próximos 50 años tendremos que cambiar de ciclo energético, pasando de la energía fósil, que es cada vez más rara, a otras fuentes de energía. En el corto plazo es más facil de utilizar lo que es inmediatamente rentable, es decir, los agrocarburantes. Esta solución, al reducirse las posibilidades de inversión y al esperar ganancias rápidas, parece la más requerida a medida que se desarrolla la crisis financiera y económica.Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignora lo que los economistas llaman las externalidades, es decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado, para el caso que nos preocupa, los daños ecológicos y sociales. Para contribuir con un porcentaje entre 25 a 30 por ciento de la demanda, a la solución de la crisis energética, se tendrá que utilizar centenas de millones de hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía en su mayor parte en el Sur, ya que el Norte no dispone suficientemente de superficie cultivable. Se tendrá, igualmente según ciertas estimaciones, que expulsar de sus tierras al menos 60 millones de campesinos. El precio de estas externalidadesno pagado por el capital sino por la comunidad y por los individuos, es espantoso.Los agrocarburantes son producidos bajo la forma de monocultivos, destruyendo la biodiversidad y contaminando los suelos y el agua. Personalmente he caminado kilómetros en las plantaciones del Choco, en Colombia, y no he visto ni una ave ni una mariposa ni un pez en los ríos, a causa del uso de grandes cantidades de productos químicos, como fertilizantes y plaguicidas. Frente a la crisis hídrica que afecta al planeta, la utilización del agua para producir etanol es irracional. En efecto, para obtener un litro de etanol, a partir del maíz, se utiliza entre 1200 y 3400 litros de agua. La caña de azúcar también necesita enormes cantidades de agua. La contaminación de los suelos y el agua llega a niveles hasta ahora nunca conocidos, creando el fenómeno de mar muerto en las desembocaduras de los ríos (20 kilómetros en las desembocaduras del Missippi, en gran medida causado por la extensión del monocultivo de maíz destinado al etanol). La extensión de estas culturas acarrea una destrucción directa o indirecta (por el desplazamiento de otras actividades agrícolas y ganaderas) de los bosques y selvas que son como pozos de carbono por su capacidad de absorción.

El impacto de los agrocarburantes sobre la crisis alimentaria ha sido comprobado. No solamente su producción entra en conflicto con la producción de alimentos, en un mundo donde, según la FAO, más de mil millones de personas sufren de hambre, sino que también ha sido un elemento importante de la especulación sobre la producción alimentaria de los años 2007 y 2008. Un informe del Banco Mundial afirma que en dos años, 85 por ciento del aumento de los precios de los alimentos que precipitó a más de 100 millones de personas por debajo de la linea de pobreza (lo que significa hambre), fue provocado por el desarrollo de la agroenergía. Por esta razón, Jean Ziegler, durante su mandato de Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, calificó los agrocarburantes de crimen contra la humanidad y su sucesor, el belga Olivier De Schutter ha pedido una moratoria de cinco años para su producción.

La extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. En la mayoría de los casos, aquello se realiza por la estafa o la violencia. En países como Colombia e Indonesia, se recurre a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares, quienes no dudan en masacrar a los defensores recalcitrantes de sus tierras. Miles de comunidades autóctonas, en América Latina, África y Asia son deposeídas de su territorio ancestral. Decenas de millones de campesinos ya han sido desplazados, sobre todo en el Sur, en función del desarrollo de un modo productivista de la producción agrícola y de la concentración de la propiedad de la tierra. El resultado de todo esto es una urbanización salvaje y una presión migratoria tanto interna como internacional.

Es necesario igualmente anotar que el salario de los trabajadores está muy por debajo y las condiciones de trabajo son generalmente infrahumanas a causa de las exigencias de productividad. La salud de los trabajadores también es afectada gravemente. Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas multinacionales europeas en América Latina realizada paralelamente a la Cumbre Europea-Latinoamericana en mayo de 2008, en Lima, fueron presentados muchos casos de niños con malformación debido a la utilización de productos químicos en el monocultivo de plátano, soya, caña de azúcar y de palmeras.

Decir que los agrocarburantes son una solución para el clima está igualmente a la moda. Es verdad que la combustión de los motores emite menos anhídrido carbónico en la atmósfera, pero cuando se considera el ciclo completo de la producción de la transformación y de la distribución del producto, el balance es más atenuado. En ciertos casos, se convierte en negativo en relación con la energía fósil.

Si los agrocarburantes no son una solución para el clima, si no lo son de manera marginal para mitigar la crisis energética y si acarrean importantes consecuencias negativas, tanto sociales como medioambientales, tenemos el derecho a preguntarnos por qué éstos tienen tanta preferencia. La razón es que a corto y mediano plazos ellos aumentan de manera considerable y rápidamente la tasa de ganancia del capital. Es por esto que las empresas multinacionales del petróleo, del automóvil, de la química y del agronegocio, se interesan en el sector. Ellos tienen como socios al capital financiero (George Soros, por ejemplo), los empresarios y los latifundistas locales, herederos de la oligarquía rural. Entonces la función real de la agroenergía es, en efecto, ayudar a una parte del capital a salir de la crisis y a mantener o eventualmente aumentar su capacidad de acumulación. En efecto, el proceso agroenergético se caracteriza por una sobrexplotación del trabajo, la ignorancia de las externalidades, la tranferencia de fondos públicos hacia a lo privado, todo aquello permitiendo ganancias rápidas, pero también una hegemonía de las compañías multinacionales y una nueva forma de dependencia del Sur con respecto del Norte, todo aquello presentado con la imagen de benefactores de la humanidad ya que producen energía verde. En lo que concierne a los gobiernos del Sur, ellos ven ahí una fuente de divisas útiles de mantener, entre otros, el nivel de consumo de las clases privilegiadas.

Por lo tanto, la solución es reducir el consumo, sobre todo del Norte y de invertir en nuevas tecnologías (solar especialmente). La agroenergía no es un mal en sí y puede aportar soluciones interesantes a nivel local, a condición de respetar la biodiversidad, la calidad de los suelos y del agua, la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, es decir, lo contrario de la lógica del capital. En Ecuador, el presidente Correa ha tenido el coraje de detener la explotación del petróleo de la reserva natural del Yasuni. Esperemos que los gobiernos progresistas de América Latina, de África y Asia tengan la misma firmeza. Resisitir en el Norte como en el Sur a la presión de los poderes económicos es un problema político y ético. Por lo tanto, denunciar el escándalo de los agrocarburantes en el Sur se constituye en un deber.

*Ex-catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y autor del libro La agroenergía, ¿solución para el clima o salida de crisis para el capital?, Ruth Casa Editorial y Ediciones Sociales La Habana, 2009