El gobierno propone, basado en la Constitución de Montecristi, un modelo de distribución y descentralización de recursos que privilegia la equidad, la satisfacción de necesidades básicas, la eficiencia en la gestión y la transparencia en la ejecución de la obra local.

El “modelo” de Nebot y de los socialcristianos es rechazado por la inmensa mayoría de alcaldes y presidentes de Juntas Parroquiales del Ecuador. La estridencia de sus chillidos no le basta para ocultar su corrupción. a PARTIR DE ESTAS PUBLICACIONES DE 1995, demostramos de la manera más clara y patente la raíz y la razón, la mejor muestra del modelo de Nebot: CORRUPCIÓN.

A Nebot nunca le interesó el desarrollo nacional sino el lleve de su gallada. Por eso chilla y llora, porque piensa que aún puede exigir como cuando chantajeaba, junto con Febres Cordero, a todos los gobiernos de los últimos años. Jhonny Firmat, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ha sido claro “La fórmula que invoca Nebot no está vigente, era la que regía con la constitución de 1998″, está mintiendo una vez más.

Repasemos la historia:

Corrupción en primer plano

Tomado de ALAI
18/08/1995

En los últimos 60 días, el tema de la corrupción figura en el centro de las preocupaciones de los medios masivos, de los poderes del Estado y de la sociedad civil, que hastiada, comienza a reaccionar con acciones simbólicas.

La olla de la corrupción se destapó a raíz de que el periodista Jorge Vivanco, subdirector del diario El Expreso de Guayaquil, reveló algunas “confidencias” que el Vicepresidente de la República, el conservador Alberto Dahik, hiciera a representantes de medios de información.

Según Vivanco, Dahik dijo que el Gobierno tuvo que entregar asignaciones presupuestarias a los partidos que controlan el Congreso a cambio de que aprueben la Ley de Modernización del Estado; que 16 diputados exigieron la entrega de 500.000 dólares por aprobar la ley de privatización de las telecomunicaciones; que magistrados de la Corte Suprema de Justicia pidieron grandes sumas para declarar la constitucionalidad de leyes cuestionadas y que el Ejecutivo tuvo que extender nombramientos, en empresas públicas, a allegados de diputados que “estarían robando desaforadamente.

Ante el riesgo de que estas denuncias queden en generalidades, hubo un consenso nacional en solicitar al Vicepresidente que revele los nombres de los implicados. Con este propósito, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Macías Hurtado, inició indagaciones judiciales que involucraron al propio Vicepresidente y a los periodistas, pero no consiguió nada más que lo revelado por Vivanco.
Pese a la presión pública, el Vicepresidente Dahik se ha negado a revelar nombres, fechas y circunstancias en que se habrían producido los hechos por él mismo denunciados.

Juicio político

Entre tanto, el clima político subió de temperatura, cuando, a propósito de este hecho, cuarenta y un diputados pertenecientes a partidos de derecha, izquierda y populista anunciaron que llevarán a juicio político al Vicepresidente Dahik, acusándolo de cohecho y de haber cometido faltas graves al honor nacional.

El nuevo presidente del Congreso Fabián Alarcón, que fue electo el pasado el pasado 10 de agosto por una mayoría de centro-izquierda, deberá nombrar una “comisión especialísima”, para determinar si procede o no el mencionado enjuiciamiento.

El Vicepresidente, siguiendo la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, inició una “cruzada moralizadora” denunciando casos de corrupción en la que estarían involucrados diputados y autoridades de gobiernos locales pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC, de derecha); al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, populista) y al Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierda), tres de los cinco partidos que han planteado el juicio a Dahik. .

Dahik, quien dirige el Partido Conservador, es considerado como el hombre fuerte del gobierno y el que toma las decisiones fundamentales de política económica, más allá de sus atribuciones legales.

Desde algunos meses, el segundo mandatario mantiene una fuerte pugna con el Partido Social Cristiano y particularmente con uno de sus líderes el ex-Presidente León Febres Cordero, quien actualmente es alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador. A pesar de que los dos parten de un mismo tronco ideológico de derecha, Febres Cordero y Dahik, con frecuencia, se atacan verbalmente.

El bloque legislativo socialcristiano, según Dahik, exigió asignaciones presupuestarias de 200.000 millones de sucres (80 millones de dólares) para los gobiernos seccionales que controlan el PSC. Los fondos no siempre fueron bien administrados pues en las obras públicas que se ejecutan, intervinieron, como contratistas, parientes de los diputados socialcristianos.

Los diputados cuestionados se defienden señalando que no existe nada de malo en pedir asignaciones, pues es su deber, como representantes de sus provincias, conseguir fondos que son administrados por los gobiernos seccionales u otros organismos públicos nacionales.

No obstante, una de las consecuencias de esta política de tira y afloja entre el Ejecutivo y la oposición es que el primero siempre le pasa las cuentas al pueblo, y ha procedido, en varias ocasiones, a castigarlo con nuevos impuestos y el alza de los precios de la gasolina y las tarifas de los servicios básicos para financiar las partidas que entrega a los diputados.

El que esté libre de culpas…

Pero el Gobierno presidido por Sixto Durán Ballén, según varios analistas, tampoco puede exhibir, una hoja limpia en sus tres años de gestión. Y afirman que tan corrompido es el que da como el que recibe. El régimen se ha visto involucrado en varios casos de corrupción. Uno de los más escandalosos fue el denominado Flores y Miel, en el que la defraudación al fisco alcanzó un millón de dólares y estuvo involucrada una nieta del Presidente.

Otro que llamó la atención fue la venta del ingenio azucarero Aztra, de propiedad estatal, en 100.000 dólares cuando, según el ex-ministro de Industrias, Juan Falconí Puig, costaba más de 40 millones de dólares. El beneficiado en esta transacción fue el grupo económico Isaías, uno de los más poderosos del país.

El propio Dahik, ha sido acusado por los socialcristianos, de enriquecimiento ilícito y de evadir impuestos en la venta de su casa. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia Miguel Macías Hurtado, tras una denuncia de dos legisladores socialcristianos en el sentido de que Dahik habría manejado indebidamente unos 500.000 dólares de las cuentas reservadas del Estado a través de sus dos secretarios privados, inició un juicio penal en contra del segundo mandatario.

Cortina de humo

El presidente Sixto Durán Ballén, luego de un prolongado silencio, defendió a su Vicepresidente y propuso varias medidas para combatir la corrupción, entre ellas: una ley anti-corrupción; que se levante el sigilo bancario para altos funcionarios de los últimos 15 años y conformar una comisión anti-corrupción conformada por el actual y los ex-contralores del Estado.

Las medidas propuestas por Durán Ballén resultan inviables pues se tendría que auditar a 10.000 funcionarios. La medida, en cambio tiende a echar una cortina de humo sobre el enjuiciamiento al Vicepresidente, involucrando en la investigación a los cuatro últimos gobiernos, ninguno de los cuales ciertamente está exento de escandalosos casos de corrupción.

Monstruo de mil cabezas

Pero fuera de este forcejeo político que involucra a las cúpulas del Estado y de los partidos políticos, lo cierto es que en esta coyuntura se ha puesto en evidencia la gravedad y la profundidad de la corrupción. Según un estudio del Centro Andino de Acción Popular, CAAP, en 1993 el desvío de fondos por corrupción ascendió a un 7% del presupuesto general del Estado. En el Ecuador, se ha institucionalizado la “coima” o “mordida”, consistente en los sobornos que reciben los funcionarios públicos por agilitar procedimientos burocráticos, negociar contratos o adquirir bienes para el Estado.

La evasión tributaria, que es una forma de corrupción identificada con el sector privado, alcanzó, en 1993, los 900 millones de dólares, un 39% del presupuesto del Estado, según el mismo análisis.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas cuyos tentáculos alcanzan a las esferas de lo público y lo privado, a las élites económicas y política a los sectores medios y a los sectores populares. La corrupción envuelve a muchos y adquiere las más variadas formas. Perjudica sobre todo a los más pobres. En los sectores altos es un reflejo de deterioro de los valores éticos. En los sectores bajos constituye un mecanismo de supervivencia no por ello justificable.

Manos limpias

Los más pesimistas sostienen que la corrupción siempre ha existido y que será difícil erradicarla, al menos mientras se mantenga el sistema de libre mercado que la genera y sostiene. Los optimistas, en cambio, señalan que si es posible remover la conciencia ciudadana y romper el miedo, la indiferencia y la complicidad.

Con estos últimos propósitos, surgió el Movimiento Ciudadano Manos Limpias, constituido por organismos no gubernamentales, ecologistas, comunidades cristianas y organizaciones de mujeres y personalidades.

Sus símbolos son las banderas blancas. Se trata de un movimiento transversal a la sociedad, sin cúpulas ni jerarquías, con espontaneidad creativa para generar acciones simbólicas que muevan a un mayor número de ciudadanos a presionar por medio del teléfono, de cartas, de faxes, de marchas, de foros y mesas redondas, según lo define el periodista Simón Espinosa.

El Movimiento Manos Limpias organizó demostraciones públicas en Quito, Guayaquil y Machala.  En Quito, decenas de ciudadanos, se reunieron en el Congreso Nacional, armados de escobas e instrumentos de limpieza, para efectuar un ”baldeo popular a la corrupción”. Lo mismos hicieron en las cortes de justicia en Guayaquil y Machala.

Las denuncias sobre corrupción pueden diluirse y quedar en nada pues involucran a todas las funciones del Estado y en especial a los peces gordos. En estas condiciones vale preguntarse ¿quién puede poner el cascabel al gato?

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 218, ALAI, 18- 08-1995, Quito.

El primer contrato colectivo

Conservadores contraatacan al PSC

Quito 26/08/1995

El partido Conservador contraatacó ayer acusando al ex presidente León Febres Cordero, al candidato presidencial Jaime Nebot y al ex secretario general de la Administración Joffre Torbay de estar involucrados con recientes investigaciones que se llevan a cabo en España sobre presuntos sobornos en la contratación de la vía Perimetral de Guayaquil, que ocurriera durante el gobierno de Febres Cordero.

El inicio de un juicio penal en contra de León Febres Cordero, Jaime Nebot Saadi y Joffre Torbay por el presunto cobro de una comisión de cinco millones de dólares para la adjudicación de la construcción de la Vía Perimetral, pidieron ayer los directivos del partido Conservador.

La denuncia presentada ante el fiscal de la Nación por el ministro de Industrias, José Vicente Maldonado y el diputado conservador Freddy Bravo, se sustenta en una publicación del periódico español “Ultima Hora”, realizada el 2 de julio de este año.

El diario recoge las declaraciones del empresario Martín Ferriol, quien acusa al actual alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, al ex secretario de la Administración, Joffre Torbay y al candidato presidencial socialcristiano, Jaime Nebot de haber adjudicado a la empresa Agromán la construcción de la vía perimetral a cambio de cinco millones de dólares.

El diario de Palma de Mallorca refiere que Ferriol habría declarado ante un notario de esa ciudad (el año 1993), que “mientras él se repartía los cinco millones de dólares con Julio Feo (asesor de Nebot), el jefe del Gobierno español, Felipe González, “estuvo prácticamente todo el tiempo hablando reservadamente y jugando al billar con el presidente de Ecuador, León Febres Cordero”.

Las denuncias aparecidas en el diario español se enmarcan en los escándalos por corrupción que atraviesa el Gobierno de Felipe González.

Ayer, en su calidad de director de Pichincha del partido Conservador, José Vicente Maldonado solicitó al fiscal de la nación el inmediato dictamen fiscal para iniciar el juicio correspondiente en contra de “autores, cómplices y encubridores por el abuso de fondos públicos”.

Al mismo tiempo, manifestó que los conservadores han expresado su respaldo al vicepresidente Alberto Dahik frente al enjuiciamiento penal iniciado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

COSTA EXPLICA SU CHEQUE

El diputado conservador Wilman Costa defendió ayer la legalidad del pago que recibió por parte de Juan Mario Crespo, secretario de Dahik, por 69 millones de sucres en un cheque de una de las cuentas del Banco del Pacífico.

Costa dijo que el cheque corresponde a un préstamo efectuado por el Banco del Pacífico para la empresa Iriápolis Limitada de la cual es su presidente y Crespo uno de los accionistas.

El Banco otorgó el crédito a través de una cuenta personal de Juan Mario Crespo, quien a su vez giró un cheque a nombre de Wilman Costa, explicó que el propio diputado conservador durante sus respuestas a las acusaciones del bloque del MPD hizo públicas una fotocopia del cheque.

Recordó que la cuenta del cheque es la 259249-5 que no está considerada como reservada. Sin embargo, dicha cuenta consta como reservada en el escrito que el vicepresidente envió a la
Corte Suprema de Justicia el 16 de agosto.

El préstamo original fue de 70 millones pero por los descuentos de Ley le entregaron 69 millones y medio. Asimismo dijo que el crédito estaba destinado a pagar un crédito vencido que tenía la empresa con la Corporación Financiera Nacional.

“La compañía Iriápolis se dedica al funcionamiento y administración de un complejo turístico”, dijo Costa, quien agregó que los socios de la empresa son Juan Mario Crespo, Wilman Costa, Vinicio Garzón, Luis Rueda y Alicia Loor de Rueda.

Pablo Ospina
pablo.ospina@telegrafo.com.ec

Pocos momentos como el actual han reclamado un giro en la actitud gubernamental. Todas las señales obligan a un replanteamiento de las estrategias y las alianzas políticas de la revolución ciudadana. ¿En qué sentido será? ¿Habrá tal giro? La situación no es todavía totalmente crítica, pero pronto lo será si seguimos el mismo sendero trillado que tan bien resume el título de aquella vieja serie de televisión de mi infancia: “dos contra el mundo”.

A su costado derecho, el culebrón interminable de denuncias, contra denuncias, implicaciones en sobornos, acusaciones de corrupción y contratos fraudulentos, amenaza con seguir profundizándose. Varios de los más cercanos colaboradores del Presidente, sus “hombres fuertes”, se encuentran enfrascados en una lucha cuerpo a cuerpo sobre los negocios, ciertos o inventados, que las posiciones de altos funcionarios vuelven posibles. Como el propio hermano del Presidente es un protagonista básico del drama del momento, los golpes llueven hasta lo más alto del escenario de la derecha gubernamental. No toda ella está involucrada, pero sí sus representantes más visibles.

A su costado izquierdo, en cambio, el Gobierno mantiene una relación tensa con los movimientos sociales y los gremios más importantes de trabajadores. A cuento de eliminar “privilegios”, las propuestas de ley regresan al Estado una amplia discrecionalidad en el despido de trabajadores del sector público y amenazan derechos básicos. Aunque hubo acuerdos “con las uñas” con maestros e indígenas, el Presidente muestra pocos cambios de actitud.

Con las universidades la situación es lamentable. Impedir las manifestaciones pacíficas de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios por medios innobles no es propio de un Gobierno de izquierda. Solo con el objetivo de impedir la marcha del miércoles pasado el Presidente se reunió con los rectores, desmintiendo con sus actos lo que constantemente dice con palabras: que no acepta las presiones en las calles. Solo por esa presión se sienta en la mesa a negociar (no a “socializar” decisiones tomadas, sino a negociar propuestas). La política, como muy bien sabe el Presidente, no es un asunto de argumentos racionales. Es un asunto de fuerza social. Impedir las marchas y las luchas en las calles busca impedir una de las formas de expresión de la fuerza social necesaria para una verdadera negociación política. Por instinto lo sabe cualquiera: las conquistas sociales no son alegres regalos de gobiernos bondadosos, sino el resultado de conflictos en medio de los cuales se construye la fuerza social para sostenerlas.

Sigue el péndulo acostumbrado. Por un lado medidas económicas que buscan eludir las viejas recetas neoliberales para combatir el desempleo, junto a anuncios saludables de una política agraria alternativa (¡al fin!); por otro, la reiteración de la obsesión minera que solo parece haberse rasguñado ligeramente al ver el desastre de Huanuni en Bolivia. Esa no es una vía de desarrollo. Será solo la eterna repetición del mismo fracaso. Pero se acaba el tiempo. La coyuntura se vuelve insostenible y hay que elegir.

Indigna hoy ver a la inefable Viteri y al tránsfuga Herrería reclamando combate a la corrupción, cuando todos recordamos el sepulcral silencio que han guardado siempre frente a actos de corrupción socialcristiana que, además de llenarles los bolsillos de billetes a los que todos conocemos, significaron más miseria para los pobres y vergüenza nacional.

La auditoría de la Comisión de Frecuencias ha pasado casi desapercibida, los medios de comunicación vinculados a la corrupción institucionalizada han callado en actitud que los identifica. No han dado a conocer los nombres de los que se beneficiaron, ni los mecanismos que usaron para repartirse las frecuencias y consolidar el poder que les ha permitido ocultar el enriquecimiento ilícito del que han vivido

El informe ha sido hecho público y describe la forma delincuencial en la que se ha manejado la entrega y concesión de frecuencias de radio y televisión en el Ecuador durante más de veinte años. La sociedad ecuatoriana tiene hoy la posibilidad de enterarse en forma directa sobre el contenido de este documento en donde se encuentran descritos los mecanismoS y los nombres de quienes son inculpados en este hecho atentatorio contra la comunicación social honesta de la nación.

Los titulares de la prensa nacional y los espacios de televisión han dado a conocer de manera superficial los temas generales de lo que se menciona en el informe, lo que se ha constituído en un verdadero escándalo por el abuso de la libertad de expresión en Ecuador, cometido por los mismos que desde los medios reclaman ahora que la “autorregulación” sea el único control aceptable en la nueva Ley de Comunicación. Esto sería como poner a los rateros a combatir el robo, o poner a los ratones a cuidar el queso y la despensa.

En el Informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias existe una descripción completa de lo que se ha constituido en una impresionante cadena de acciones delictivas como: tráfico de influencias, abuso de poder, apropiación indebida de bienes del estado, reparto de frecuencias a medios clandestinos, asignación indiscriminada de frecuencias a dirigentes de la partidocracia, reparto de cuotas de comunicación desde el congreso nacional o desde el poder ejecutivo para dirigentes de esos partidos y otros, evasión de impuestos hasta llegar a un sonado peculado, que lo habrían cometido los concesionarios de dichas frecuencias, beneficiados corruptos en la radio y la televisión de la nación, que fingen hoy, “inocentes e ingenuos”, que son luchadores cívicos y “apolíticos”.

Tan grave es el tema, que se llega a concluir que la actuación de la autoridad que debía concesionar las frecuencias, el CONARTEL, fue integrado mañosamente por los propios dueños de medios, concesionados y agrupados en los gremios de la Asociación Ecuatoriana de Radio y la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, quienes se repartieron las frecuencias entre ellos mientras formaban parte del dicho Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Hay una lista increíble de nombres, de políticos de “prestigiosos” comunicadores, funcionarios públicos, así como una conclusión escandalosa: que los grupos religiosos, sean estos evangélicos o católicos son los que más acapararon y concentraron frecuencias en Ecuador, aprovechándose de esta “feria” de las concesiones que fue común en los años de la partidocracia.

Este informe es el resultado de una investigación realizada por la Comisión Auditora de Frecuencias, por mandato constitucional que fue aprobado en Octubre del 2008. Vamos a publicar en este Foro Politécnico el informe completo y la lista de los pícaros que hoy defienden desde su postura corrupta una falsa libertad de expresión.

No hay que confundirse, la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos que nunca fue respetado por los dueños de los medios, -recuerden cuántas veces, desde la lucha popular intentamos hacer conocer un boletín de prensa, o cuántas veces, ni pagando, publicaban nuestra opinión- Lo que estos pelucones defienden es una falsa libertad de prensa que les permite decir al aire cualquier pendejada llena de mala intención, y no ser responsables de nada ante la sociedad.

Hay que levantar el debate y enfrentar a esta gente en todos los terrenos. Rafael Correa debe entender que la única posibilidad de que esta Revolución Ciudadana se convierta en una verdadera revolución que cambie las estructuras de dominación económica y los elementos ideológicos de una superestructura que la reproduce y preserva, es encontrar y fortalecer la unidad de la izquierda revolucionaria.

Descargue el informe completo (14,7 MB) o visite la página de la Comisión Auditora de Frecuencias

16/09/09

El pasado 27 de febrero, Máximo Mendez , dirigente de la UACAVPB – Unión de Asociaciones Campesinas Agrícolas y Pecuarias de Vinces, Palenque y Baba, convocó a una Asamblea  para la entrega simbólica de los créditos otorgados por la CFN – Corporación Financiera Nacional, ya que los cheques serían entregados paulatinamente a cada uno de los socios, quienes deberían a su vez endosar los cheques a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes, entidad que les descontaría el valor de $ 1.675 mas $ 388 adicionales de cada uno de los préstamos.

Estos descuentos fueron supuestamente acordados en una Asamblea para la compra de una piladora, que nadie conoce ni como ni quien la administrará.

Los  microcréditos otorgados por la CFN suman $ 5.300.000, son 1.000 los  pequeños agricultores beneficiados, 500 pertenecen a la UACAVPB  y  500  a la UNOSCASL – Unión de Organizaciones Sociales del Cantón Santa Lucía.

El 28 de mayo pasado, en la Fiscalía de Vinces, 84 beneficiarios de los microcréditos de la CFN y socios de la UACAVPB  presentaron una denuncia por una  presunta estafa colectiva, unos denuncian la inexistencia de la mencionada Asamblea y otros, que después de endosar sus cheques, no han recibido ningún valor por sus créditos.

El 13 de septiembre pasado, una nueva demanda por estafa es presentada, esta vez en Balzar.

Finalmente, frente al reclamo de  beneficiarios de los microcréditos, la CFN  está procediendo a anular créditos por falsificación de firmas en los pagarés y en las autorizaciones de retiros de cheques.

Camilo Samán, Presidente del Directorio de la CFN, declaró a la prensa que “los problemas que se han presentado no son culpa de la CFN, sino de lo que pasó después de los créditos”, de la misma manera  Tarquino Medina, Gerente Regional de Asesoría Jurídica de la CFN, sobre la presunta falsificación de firmas en la documentación que aprobó la CFN, declaró “tiene que ser un juez competente el que decidirá si las firmas son falsificadas o que no corresponden a esa persona, ese mismo juez que llegue a esa conclusión tendrá que pasarlo a un juez penal para que inicie las acciones legales contra los que sean responsables”.

Este es uno de los capítulos más recientes de la novelada arquitectura de la corrupción en nuestro País, de esa herencia maldita que en el imaginario colectivo queremos derrotar con esta Revolución Ciudadana, ¿Cómo entender que el Presidente del Directorio de la CFN en ejercicio de la decencia y la honestidad que reclamamos los ecuatorianos, no llame a los beneficiarios de los microcréditos a denunciar en su oficina las irregularidades y estafas?  ¿Cómo entender que Camilo Samán no convoque a una veeduría ciudadana para reestructurar el área de microcrédito de la CFN  e iniciar una investigación y encabezar con coraje su presentación a la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo hacerles entender que exigimos una nueva Patria?

Gritamos otra vez mil veces SI cuando el Presidente Correa llama a radicalizar la Revolución Ciudadana, cuando llama a los pusilánimes y comprometidos con el pasado a hacerse a un lado, exigimos enterrar  mil veces el pasado y construir el futuro que merecen nuestras familias, con una actitud firme, sin dobleces ni concesiones, la lucha contra la corrupción es un condicionante del futuro, debe ser un compromiso irrenunciable.

Cuando el Presidente Correa dispone la terminación unilateral de los contratos de Fabricio Correa, da una clara señal de transparencia y honestidad, los ecuatorianos aún recordamos casos como el de Flores y Miel en la presidencia de Durán Ballén, cuando se usó el avión presidencial para sacar furtivamente del País al yerno del Presidente acusado de manejos dolosos, sin embargo, no hay duda que algunos funcionarios no están a la altura de esas lecciones presidenciales de ética y transparencia.

Tampoco serán ni la partidocracia ni la oligarquía de este País quienes haciendo correr ríos de tinta  pretendan darnos lecciones de moral,  quienes aprobaron transitorias constitucionales para autorizar la entrega de miles de millones de dólares a la banca quebrada, quienes se enriquecieron  utilizando los fondos petroleros  para la recompra fraudulenta de la deuda pública, quienes eran Ministros de Economía y al mismo tiempo abogados de los tenedores de la deuda, quienes confundieron el concepto de Patria por el de sus chequeras en el exterior no tienen cabida en este debate.

Para quienes creemos en el proceso político que vive nuestro País, para quienes estamos forjando diariamente ese cambio con el que soñamos todos los ecuatorianos, casos como el de la CFN nos confunde la esperanza, pero no nos perdemos, que no abriguen ilusiones ni los payasos ni los títeres de la partidocracia, el pasado no se puede olvidar, no volverá y tendremos el coraje y la vergüenza de reconocer y discutir los errores de este proceso, así como la decisión para hacer a un lado, a quienes no estén a la altura de lo que estos tiempos de esperanza  demandan.

En junio del 2002 la opinión pública fue impactada por las denuncias de una escandalosa corrupción con la tramitación de partidas especiales en el Ministerio de Economía cuyo titular era Carlos Julio Emanuel. Se habló entonces de una red que incluía a funcionarios de Gobierno, alcaldes, tramitadores, contratistas y diputados. Todos tenían su reparto de las coimas. Los sobreprecios de las obras llegaban al 38%.

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Comisión de Fiscalización del Congreso asumieron investigaciones preprocesales. Se encontraron documentos con las firmas de alcaldes, autorizando la acción de tramitadores. Se hallaron cheques en blanco, al parecer, producto del reparto de las coimas. Y el caso fue abierto por la Fiscalía el 19 de junio.

“Diputados deben aclarar acusaciones de Chávez”

Publicado el 25/Septiembre/2002

El presidente del Congreso, José Cordero, dijo que los legisladores que fueron acusados por Tomás Chávez tendrán que defenderse y esclarecer los hechos.

Chávez,uno de los implicados en el caso Emanuel, en declaraciones a este Diario publicadas ayer, afirmó que los diputados socialcristianos Simón Bustamante y Osvaldo Pacheco habían participado en el trámite irregular de partidas dentro del caso Emanuel, lo cual negó Bustamante. Chávez añadió que el Gobierno compró la conciencia de cuatro legisladores: Franklin Macías, Otton Loor, Nancy Santos y Eduardo Serrano para la aprobación de la reforma fiscal.

Macías dijo ayer no haber tramitado partidas, ni haber recibido dinero del Gobierno. Por su parte, el presidente del Comité de Excusas del Congreso, René Maugé, señaló que “la fiscal debería otorgar las garantías necesarias para que Tomás Chávez Toala declare todo lo que sabe”.
Maugé admite que el Comité de Excusas ha tenido estancado este tema, pero afirma que si llega a tener pruebas de la participación de los diputados, se investigará. “La compra de conciencias en el Congreso es un secreto a voces, pero no hay las pruebas materiales de estas cosas”, dijo. (PM-ICO)

“El trámite no era prohibido”

El ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, aclaró que en el período en el cual ejerció esa función, el trámite de partidas presupuestarias no era una prohibición para los diputados, por lo cual expresa que “era normal que el presidente del Congreso enviara un documento solicitando partidas presupuestarias para determinadas provincias”.
Pinto aclara que la fecha de la que habla Chávez Toala, en la que Moeller le solicitaba un desembolso para el cantón La Maná es errada, ya que el fue interpelado y destituido por el Congreso el 21 de septiembre de 1995. (ICO)

Caso Emanuel: Mañana culmina instrucción

En solo tres días han comparecido doce personas ante la Fiscalía

Mañana concluye la etapa de instrucción fiscal que investiga el Ministerio Público, en el caso de las presuntas irregularidades registradas en el Ministerio de Economía en la tramitación de partidas especiales.
El proceso se encuentra en manos de la fiscal Mariana Yépez desde el 23 de agosto, luego de haber sido conocido por la Unidad de Investigaciones Financieras.

Desde la semana pasada, la Fiscalía ha trabajado contra reloj recolectando informes, insistiendo en varias diligencias y recibiendo las versiones sin juramento de unas 12 personas, entre auditores de la Contraloría y funcionarios de la Cartera de Economía, quienes explicaron el procedimiento de ingreso, trámite y egreso de partidas en esa institución.

Mariana Yépez debe emitir un dictamen acusatorio o de abstención, una vez que concluyan los 90 días de plazo para esta etapa. El proceso contiene cerca de 9000 hojas con providencias, declaraciones, pruebas de descargo, informes periciales, policiales, e informes de la Unidad de Procesamiento de Información Reservada, entre otros. (MAR)

Trece años de trámites en el Congreso Nacional

El acusado laboró hasta junio de 2002 como mensajero de la Dirección Jurídica

Luis Tomás Chávez Toala, involucrado en las denuncias sobre el manejo irregular de partidas presupuestarias en el Ministerio de Finanzas, de 39 años, es oriundo del cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí.
Empezó a trabajar en el Congreso Nacional en 1982, hasta 1985, luego volvió a ingresar en 1992 y trabajó hasta junio de 2002, debido a que fue destituido por su participación en la mencionada red de corrupción.
Su último trabajo fue como mensajero en la Dirección Jurídica del Parlamento, oficina en la que se encontraron varios cheques de las reparticiones que se hacían entre contratistas de las obras que se ejecutaban con las partidas presupuestarias.
La investigación sobre Chávez surgió cuando Iván Ojeda Aguirre, abogado a quien le encargaron cobrar varios cheques mencionó su nombre ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. (ICO)

Documentación ofrecida todavía no llega a la CCCC

Gabriel Bustamante, abogado del implicado, dijo que mantiene diálogos con la Comisión

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) no ha recibido hasta el momento la documentación ofrecida por Tomás Chávez Toala, así lo señaló el director ejecutivo del ente, Pedro Votruba.
El funcionario expresa que la protección que la Comisión puede dar, de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, consiste en asumir como una investigación de oficio la indagación sobre determinado tema, con el objeto de que el nombre del denunciante no aparezca. Aclara que no existe ninguna disposición legal, mediante la cual la comisión podría pedir la revocación de una orden de prisión o de cualquier medida que pudiera interferir en las otras funciones del Estado. (ICO)

Alcalde Molina: “Moeller debe aclarar acusaciones”

El funcionario insistió en que se debe agilizar la investigación en el caso Emanuel

El alcalde de Azogues, Víctor Molina, quien fue el primero en denunciar la red de corrupción de las partidas presupuestarias, señaló ayer que a Heinz Moeller le corresponde desvirtuar las acusaciones de Chávez Toala, quien lo involucra en trámites irregulares de partidas cuando fue titular del Congreso, en 1995.

“Ese comentario generalizado en el país sobre la corrupción en la entrega de partidas presupuestarias debe ser esclarecido por parte de Moeller”. (JRI)

Fuente: Diario HOY