Catalina León
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Es imposible la existencia de la acción de Estado y de Gobierno que goce de la aceptación incondicional de todos los sectores, pues la sociedad está cruzada por conflictos y antagonismos.

No es, pues, cierto que una política puede beneficiar a todos y todas por igual. Evidentemente, el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, elaborado en la Senplades, no puede menos que contrariar a los sectores sociales, financieros y universitarios vinculados a los poderes constituidos.

La situación académica vigente al amparo de dichos poderes es conocida por todos y todas.

Para la muestra un botón: en estos días debí evaluar un ensayo elaborado por estudiantes de humanidades del penúltimo año de formación; la contrariedad fue enorme cuando comprobé que una gran parte del curso plagió una parte del material de lectura que les fuera entregado. En la universidad esto es “pan de todos los días”, no he sido ni seré la última docente que constata tal situación. Lo curioso es que nadie o casi nadie ha puesto el dedo en la llaga ni se toman medidas institucionales, que no podrán ser represivas porque se trata de un patrón formativo basado en la ley del menor esfuerzo fomentado, con honrosas excepciones, en todos los niveles de educación formal.

Las medidas, por lo tanto, deben ser pensadas como una política universitaria de formación propedéutica y de selección no discriminatoria a las categorías sociales desfavorecidas. Esas son las lacerantes realidades de la universidad ecuatoriana. De ahí que el remedio deba ser aplicado con honradez, sabiduría y compromiso con la democracia social y la soberanía del conocimiento. “¿Autonomía para colonizar nuestra universidad y obstaculizar la excelencia y el pensamiento?”

Por todo esto no entiendo por qué representantes de sectores políticos dichos revolucionarios y seguidores de las causas populares son capaces de alinearse en el mismo bloque de oposición política y parlamentaria con la derecha. ¿Hay acaso algún vínculo insoluble que los une, hasta el punto de llevarlos a sostener un discurso cínicamente doble y seudo-revolucionario?

La más consistente explicación, de cara a la experiencia nuestra de las últimas décadas, es la corresponsabilidad de unos y otros –a su manera– por la decadencia intelectual de la universidad y del sistema educativo ecuatoriano. Todo lo cual significa que, desde la cima de los poderes constituidos, unos y otros se esfuerzan por encubrir algo inconfesable.

Lo más llamativo y repudiable, sin embargo, es el paroxismo al que llegan ciertos actores, quienes recurren sin reservas a métodos delincuenciales, en actitud de supuesta defensa de la autonomía universitaria. No comparto ni defiendo las convicciones del rector de la Universidad Central del Ecuador, pero condeno la violencia y la amenaza en contra de su vida e integridad. ¿Se puede, entonces, creer en la moralidad pública de estos grupos políticos y en su discurso a favor de la autonomía universitaria? ¿Autonomía para qué? ¿Para colonizar la universidad ecuatoriana, para obstaculizar su marcha hacia la excelencia y el pensamiento, para esquilmarla por dos o tres décadas más?

A pesar de que hoy estamos viviendo un momento histórico en el que todos podemos participar en el debate y en la construcción de la nuevas leyes que deben regir la vida nacional.

A pesar de que día a día vemos una rica participación de los que antes callaban en estos debates, y vemos con alegría a los más pobres haciendo valer su visión de la vida y de la sociedad: los trabajadores, los indígenas, los campesinos, los negros, los pobladores, los estudiantes, los maestros y los cholos y los mestizos y los jóvenes y las mujeres hablando sobre el valor social del agua, la tenencia de la tierra, la educación intercultural, la inclusión de los pobres y de los discapacitados en una educación que antes los excluía, la comunicación no como negocio de unos cuantos pelucones, sino como instrumento del desarrollo en manos del pueblo, el nuevo régimen territorial y un enfoque nacional -y no separatista- sobre las autonomías y la descentralización, etc.

A pesar de todo esto, los representantes del pasado oscuro siguen quejándose de que las leyes no recogen sus opiniones. Y eso es lógico, si ellos ya no representan a los ecuatorianos, si ellos han perdido todas la elecciones en los últimos años, sólo la soberbia inmensa que los obnubila, les puede hacer suponer que van a seguir haciendo de las suyas en la promulgación de leyes.

En este ambiente de enriquecedor debate nacional, quiero contribuir con el documento adjunto, el mismo que recibí la semana anterior y que creo es un aporte importante de Alberto Acosta.

Vea la Contribución al debate de la Ley de Educación Superior

Juan J. Paz y Miño Cepeda, 2/11/2009

En marzo de 2005, más de 2.500 catedráticos, profesores titulares, profesores contratados, investigadores y becarios investigadores de diversas universidades de la Unión Europea difundieron el documento: “¿Qué educación superior Europea? Manifiesto de Profesores e Investigadores Universitarios”. En él puntualizan una serie de preocupaciones de la época contra la tendencia unificadora entre las universidades europeas a privilegiar las demandas del mercado y la empresa privada por sobre los criterios de profesores y estudiantes, y con menosprecio de las humanidades, la ciencia pura, las artes y hasta los estudios teóricos superiores.

Hay decenas de pronunciamientos similares, incluso, en América Latina. Todos ellos se oponen al espíritu universitario “privatizador” que se puso de moda en el mundo, que identificó a los estudiantes como “clientes” y que sujetó a las universidades a los “expertos” en gerencia y administración. Hoy se ha olvidado que las ideas del “Consenso de Washington” en economía, tuvieron su contraparte en los documentos y propuestas del Banco Mundial y de la OMC para convertir a la educación superior en un “servicio” sujeto a las condiciones del mercado y a las demandas empresariales.

Lo que ocurría en el Ecuador era aún más dramático. Durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, el “modelo empresarial” condujo a un mayor deterioro de la educación pública, a la proliferación de universidades privadas, la “feria” de postgrados de todo tipo y, sobre todo, al abandono creciente de la investigación académica y científica. Lo prueban los informes del CONESUP. De manera que la universidad ecuatoriana se volvió, con excepciones que apenas pueden contarse con los dedos, en meras instituciones de docencia, en las que interesaban las “clases” y el uso “eficaz” del recurso profesores (frecuentemente mal remunerados), con quince, veinte o más horas de clase semanales. En lugar de mantener los contratos de acuerdo con el Código del Trabajo surgió el invento de los contratos de servicios sujetos al Código Civil, con una escandalosa burla de los derechos laborales. Se llegó al colmo de que algunas universidades o facultades cifraban su “calidad” en la obtención de certificados ISO.

El daño de la “administración neoliberal” para la universidad ecuatoriana solo ahora empieza a dimensionarse. Y se hace evidente la necesidad de un cambio radical para tratar de recuperar viejos principios: la excelencia científica y académica constituyen los parámetros de la calidad de los profesores y, sin duda, de la misma universidad; la investigación y no la simple docencia es el centro de la actividad universitaria; el rigor en el trabajo y el esfuerzo estudiantil son la base de su formación; no son el mercado ni la empresa privada los que orientan a la universidad sino las necesidades del desarrollo social nacional; el Estado tiene un principio regulador sobre la educación. Estos debieran ser los temas del debate, si se quiere superar el pasado inmediato y lograr universidades comparables con las de Europa, los EE.UU. u otros países latinoamericanos.

09/09/09

La crisis profunda que sufre la  Universidad exige una respuesta, una crisis que nace en el vientre de la larga noche neoliberal y en las viejas formas que se resistieron a los vientos de cambio que soplaron en América latina en las décadas de los 60 y de los 80,  esta crisis  tiene nombre y apellido, hoy sufrimos las consecuencias de la entronización del mercado en la vida universitaria, es el mercado el que crea las nuevas universidades como si fueran agencias bancarias, hay más de 70 universidades en el País, muchas de las cuales no cumplen ni los requisitos académicos  ni las condiciones de infraestructura.

Uno de los dogmas neoliberales es que el mercado debe asignar recursos y regular la operatividad de los sistemas, pues una vez más ni se invirtió ni se reguló, los ecuatorianos atónitos fuimos espectadores de situaciones como la ocurrida con la Universidad Cooperativa de Colombia; ante la falta de inversión pública porque el desafío era reducir el tamaño del estado y el déficit fiscal sacrificando educación, salud y vialidad, las universidades se volvieron empresas, las autoridades universitarias se volvieron empresarios y los títulos mercaderías,  no es casual que el entonces Banco Continental fuera  propietario de uno de los  holdings educativos más grandes de Guayaquil y el Conesup se vea obligado a validar los títulos universitarios frente a los graves problemas existentes.

Es el mercado el que creó las carreras universitarias, es el mercado a través de las carreras mal llamadas autofinanciadas quién define los sistemas de contratación docente e instaura la mediocridad mediante la necesidad de cupos para la apertura de cursos, es el mercado el que define  las opciones de estudio postuniversitario,  el profundo deterioro que sufre la educación universitaria posiblemente se manifieste con toda su claridad en la desvalorización de los títulos universitarios.

Además de las graves consecuencias de este aperturismo que se dio en la vida universitaria que permitió las creación indiscriminada de universidades, carreras y títulos, se suma la falta de una auténtica democracia interna, la ausencia de institucionalidad, hoy no solamente hay universidades que son propiedad de grupos familiares sino también hay autoridades universitarias entronizadas mediante una red de compromisos y complicidades, que se sienten blindados por la Autonomía Universitaria, como es el caso de un rector de  una importante universidad guayaquileña que cambió los estatutos para poder ser reelecto, violando disposiciones y normativas y contando con el silencio del Conesup;  por otra parte es numerosa la nómina de rectores con largos períodos en funciones, en un hecho totalmente alejado de la auténtica vida universitaria.

Es necesario recuperar la Universidad para el desarrollo y la soberanía, el debate se inscribe en un proceso histórico en el  que los ecuatorianos hemos puesto nuestras esperanzas, no es el debate en las aulas universitarias solamente, es el debate abierto en las calles llenas de desocupados, por las que circula la frustración de los profesionales taxistas, es el debate de la universidad que queremos para construir el futuro, para construir el socialismo.

Creemos en la necesidad de diferenciar las universidades del sistema universitario en su conjunto, el sistema universitario  debe ser parte obligada de la planificación nacional, del esfuerzo concertado de los ecuatorianos para salir de la pobreza y de la sumisión, no volverán a ser ni el mercado ni sus acólitos quienes definan el futuro del País y de nuestras familias.

Reclamamos el respeto a la Autonomía Universitaria, como la capacidad de autogobierno de las universidades y no del sistema universitario, en este sentido, creemos que la integración de los organismos de control deben ser en su mayoría con docentes universitarios elegidos mediante concurso público, creemos que el carácter corporativista del Conesup, integrado por los rectores de las universidades  ha fracasado, pero tampoco coincidimos con una integración con mayoría de gobierno como es el planteamiento del Senplades, creemos profundamente en la democracia y en el deseo de cambio que estremece el País.

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