Se hace necesaria una reflexión sobre la denuncia que hizo el presidente Correa en torno a las negociaciones que se realizaban en el marco del Proyecto Yasuní-ITT, en las cuales hizo público cómo, el afán exitista de algunos negociadores ávidos de firmar el fideicomiso de los fondos, escondía el afán de atar las manos del gobierno nacional, llevándolo a adoptar una política de desarrollo condenada al fracaso, en aras de la defensa de un falso ecologismo que no reconoce el pasado de explotación que hemos sufrido, y menos, la posibilidad de un futuro soberano y digno.

Ojalá Manuela Gallegos tenga la fortaleza interior para sumarse nuevamente a este proyecto que implica servir con infinito amor a la patria, sin esperar que nos pongan en una posición de “reconocimiento” social, y menos de lucimiento personal.

Lo de Fander Falconí y Alberto Acosta, y ojalá que nadie más, es peor porque implica una actitud desleal con el proyecto. Ellos, o cualquier otro, tienen derecho a entender el tema de la ecología y su relación con el desarrollo económico desde una perspectiva diferente a la que tenemos la mayoría de ecuatorianos, pero no es honesto aprovecharse de la alta posición ostentada, para proponer y defender soterradamente en la acción pública, SU POSTURA, en lugar de defender la postura del gobierno, que les guste o no, es la postura que elegimos en las urnas.

El problema es mucho más sencillo de lo que parece, pero el tratamiento artero y tendencioso que le ha dado la prensa termina por distorsionar las cosas.

El planeta afronta los problemas climáticos y ecológicos como producto del saqueo que el norte rico y desarrollado impuso, históricamente, a los países pobres y atrasados del sur. Su modo de vida, ostentoso, ofensivo e insostenible, se sostuvo y se sostiene en la explotación de nuestros pueblos y de nuestros recursos naturales.

Desde el saqueo impuesto por la conquista y la colonia de Nuestra América hasta la actual depredación ambiental a través de la explotación petrolera y minera; mientras ellos destruían y terminaban con sus propios ecosistemas, destruían sus bosques, contaminaban sus mares y sus fuentes hídricas, extinguían especies animales y construían sus riquezas, nos impusieron una división internacional del trabajo que nos condenó a la miseria, haciéndonos exportadores primarios de minerales o de monocultivos, y peor, ¡Exportadores de seres humanos a los que pagaron y pagan ínfimas remuneraciones para sostener sus niveles de riqueza!

Hoy, frente al calentamiento global y la crisis del agua y la destrucción acelerada de ecosistemas que hasta ayer parecían inconmovibles como los glaciares de alta montaña o los hielos polares o los inmensos océanos, los países desarrollados pretenden “donar” lo que nos deben, “proteger sus” dineros en fideicomisos y “orientar” los proyectos a ejecutar. Si nos fijamos, es la misma actitud de superioridad que era sustento de las cartas de intención del FMI y de toda la condicionalidad económica que impusieron a los gobiernos neoliberales.

¡No! lo que tienen que hacer es darnos el dinero que nos adeudan y nosotros, como países soberanos, decidiremos los proyectos a ejecutar para garantizar el desarrollo de nuestros países desde la visión que tenemos y nos guía. El gobierno ecuatoriano, reconociendo lo innovadora de nuestra propuesta y aceptando que no hay antecedentes legales en el planeta, aceptó lo del fideicomiso, pero no aceptaremos jamás que pretendan imponernos el camino del desarrollo que alientan los “infantilistas” de cualquier pelambre, el  mismo que propoone la no explotación minera y la no explotación petrolera, y la conservación de la Amazonía “intacta” sin ningún beneficio nacional.

Toda actividad económica supone un nivel de contaminación. Según la postura de de los infantilistas tendríamos que volver a la época de las cavernas para “no contaminar”. No, el desarrollo supone que adoptemos aquellas prácticas productivas que garanticen un mayor beneficio social y un mínimo de contaminación ambiental; y para ello, podemos y debemos recurrir a todos los avences tecnológicos que ayuden a mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente.

No es justo, ni con los pueblos ni con la historia, y menos con el futuro de esos mismos pueblos, que los países ricos del norte pretendan, luego de haber depredado sus espacios territoriales, convertir a los países pobres del sur en reserva “ecológica” que garantice la reproducción de su riqueza y la sostenibilidad de su modo de vida. Es de fundamental prioridad que ellos, los países ricos, adopten compromisos serios en torno a la conservación del planeta, para que los fracasos como los de Copenhague y Kyoto no sigan siendo el patrón de conducta adoptado por su soberbia.

Para terminar, volviendo a las dicotomías que nos planteaba el esquema centro-periferia, las posturas de Alberto Acosta y Fander Falconí, no parecen representar nada más que las propuestas, que se hacen desde la periferia, para sostener los intereses más retardatarios de un ecologismo falsamente radical de los países ricos del centro, mediante el que pretenden comprometer a todos sin comprometerse ellos a nada.

Espero que estas reflexiones sirvan para discutir abiertamente el tema. A propósito, es otra de las bellas ganancias de este cambio de época, ahora podemos discutir sobre todo lo que estimemos necesario, no como antes que nos imponían leyes y ni siquiera nos enterábamos de lo que estaba vigente.

A pesar de que hoy estamos viviendo un momento histórico en el que todos podemos participar en el debate y en la construcción de la nuevas leyes que deben regir la vida nacional.

A pesar de que día a día vemos una rica participación de los que antes callaban en estos debates, y vemos con alegría a los más pobres haciendo valer su visión de la vida y de la sociedad: los trabajadores, los indígenas, los campesinos, los negros, los pobladores, los estudiantes, los maestros y los cholos y los mestizos y los jóvenes y las mujeres hablando sobre el valor social del agua, la tenencia de la tierra, la educación intercultural, la inclusión de los pobres y de los discapacitados en una educación que antes los excluía, la comunicación no como negocio de unos cuantos pelucones, sino como instrumento del desarrollo en manos del pueblo, el nuevo régimen territorial y un enfoque nacional -y no separatista- sobre las autonomías y la descentralización, etc.

A pesar de todo esto, los representantes del pasado oscuro siguen quejándose de que las leyes no recogen sus opiniones. Y eso es lógico, si ellos ya no representan a los ecuatorianos, si ellos han perdido todas la elecciones en los últimos años, sólo la soberbia inmensa que los obnubila, les puede hacer suponer que van a seguir haciendo de las suyas en la promulgación de leyes.

En este ambiente de enriquecedor debate nacional, quiero contribuir con el documento adjunto, el mismo que recibí la semana anterior y que creo es un aporte importante de Alberto Acosta.

Vea la Contribución al debate de la Ley de Educación Superior

16/11/09

Después de más de 10 años se repiten los apagones y le restricción de energía en el país, vuelven los editorialistas y los especialistas improvisados, vuelven el caos vehicular y la falta de atención en las oficinas públicas, vuelven las denuncias y los negocios sin escrúpulos, vuelven la desesperanza y la ira ciudadana, como la ira de Dios, como el coraje acumulado en las espaldas de todos los días.

A pesar de estos sinsabores, sin embargo de que es el peor estiaje en los últimos 50 años, lo cual es un hecho evidente, sin embargo de las disculpas públicas del Ministro, sin embargo de las declaraciones infaustas de Alberto Acosta que se olvida que uno de los principales responsables de esta crisis es su Ex Subsecretario, Ing. Aleksey Mosquera, esta crisis tiene la virtud de desnudar al sector eléctrico, de mostrarlo al país con sus indecencias y sin sus vestiduras.

¿Cómo explicarle al país que si la ex-Categ, Termoguayas, Intervisa Trade, Power Barge y Machala Power hubieran cumplido con sus compromisos con el país, los daños consecuencia de este estiaje hubieran sido casi nulos? ¿Cómo explicarle al país que hay organismos como el CONELEC y la CENACE que tienen que velar por estos cumplimientos y no lo hicieron? ¿Cómo explicarle al país que hay un regulador (CONELEC) que no regula, que hay un operador (CENACE) que no opera y que hay un país que no tiene servicio?

Recurrimos a un solo ejemplo, el CONELEC está facultado para intervenir las empresas en el evento que se ponga en riesgo el suministro de energía, es más, en medio de la crisis intervinieron tardíamente y están operando Power Barge a pesar de las resistencias de sus propietarios, pero ni el CONELEC ni la CENACE hicieron nada para recuperar ni siquiera las unidades de la ex-Categ que supuestamente son del Estado y disponer de un parque generador listo para emergencias.

Es más, en el caso de Machala Power se gestionó el pago de alrededor de $54 millones adeudados por las distribuidoras y no se exigió la inversión urgente en una nueva unidad de generación que en ciclo combinado aportaban más de 150MW que es casi el 50% del déficit de energía en el país, como en el pasado se privilegió el interés del inversionista extranjero, es más, coincidimos que el camino correcto debió ser negociar la propiedad de Machala Power como una primera etapa y posteriormente recuperar la explotación del gas del golfo, frente a la falta de inversiones de EDC, frente a la demanda que nos puso en el CIADI, frente a la urgencia de desarrollar la explotación del gas en el golfo y disponer de energía suficiente y de bajo costo.

Cuando decimos que esta crisis tiene la virtud de haber desnudado el sector eléctrico, lo que queremos decir es que a pesar de los esfuerzos del Gobierno en desmontar la estructura neoliberal, todavía en el sector eléctrico sobreviven entidades y actúan profesionales vinculados con el pasado privatizador, que mantienen posturas de sumisión frente a las empresas privadas de generación, que son incapaces de liderar un proceso de recuperación del sector eléctrico a favor del país y que hoy están obligados a darle explicaciones.

Es irónico que el estiaje le pase factura al Gobierno de la Revolución Ciudadana, al gobierno que decidió terminar con casi 20 años de manejo neoliberal y declarar prioritaria la inversión en generación eléctrica con recursos que antes era dedicados al pago de la deuda externa. Al Gobierno que decidió terminar con casi 20 años de tener las tarifas eléctricas mas altas de latinoamérica y por encima de las leyes neoliberales que se lo impedían decretó la Tarifa de la Dignidad para cerca de 6 millones de ecuatorianos. Al gobierno que tuvo el coraje de  terminar con el modelo marginal y de mercado que destruyó el sector eléctrico provocando déficits anuales del orden de $500 millones que debieron ser invertidos en salud y educación y con el Mandato 15 de la Asamblea Constituyente  inició una nueva etapa en el desarrollo eléctrico nacional. Al Gobierno que para invertir los recursos del Fondo de Solidaridad en el sector eléctrico, tuvo que recurrir al Mandato 9 porque las leyes neoliberales le impedían hacerlo.

Este Gobierno tiene el deber de terminar con el desmontaje de las leyes y estructuras neoliberales en el sector eléctrico y el Foro Politécnico así lo reclama, tienen que cancelarse los administradores que no cumplieron, tienen que exigirse los compromisos a los inversionistas extranjeros, que entiendan una vez más que esta no es tierra de nadie, tiene que trabajarse en la nueva Ley Orgánica del sector eléctrico, que cierre esta vergonzante historia neoliberal de pretendida privatización, al final, tiene que profundizarse la Revolución Ciudadana y construir un nuevo País, lejos de la ignominia del pasado.