Derechos laborales en el sector público

Eduardo Barredo H.

La Revolución Ciudadana promueve un fortalecimiento del Sector Público de la economía, especialmente en áreas de servicios indispensables como Salud, Educación, Vialidad, Electricidad, Telecomunicaciones.

Uno de las acciones más importantes en este fortalecimiento es la aprobación de una Ley de Empresas Publicas que permita una administración eficiente de estas empresas, comenzando por abandonar la máscara de empresas privadas, que no corresponde a organizaciones que pertenecen totalmente al Estado, y que se justificaba por la falta de una legislación adecuada para esta clase de empresas.

Para el actual Gobierno es de enorme importancia que estas empresas funcionen correctamente, ya que es uno de los ejes para promover un mejor nivel de vida a toda la población, en especial a los que menos recursos poseen.

¿Qué hacer entonces cuando el interés colectivo del pueblo Ecuatoriano choque con los intereses, más o menos legítimos, de los trabajadores de empresas que, amparados en un estatus legal de privadas, tienen beneficios excesivos garantizadas por Contratos Colectivos?

El primer mito que debió desterrarse es que los derechos adquiridos a través de la contratación colectiva son irrenunciables e intocables. Este mito se presentaba como una reinvindicación de la izquierda progresista defendiendo los derechos de los trabajadores frente al empresario privado que intentara desconocerlos.

Este “principio” se aparta de la lógica que nos indica que todo es perfectible, y resulta absurdo mantener una norma injusta por la simple razón que un administrador, por ignorancia o mala fe, la incluyó en un documento suscrito con los trabajadores.

Es absurdo que el pueblo ecuatoriano deba aceptar, por ejemplo, que un trabajador de una de sus empresas trabaje solo 6 horas diarias y gane el triple del salario que se le paga a otro trabajador de su nivel en una empresa privada; que un ejecutivo que entró por palanqueos de políticos deshonestos gane $5,000 mensuales y se le pague una indemnización por despido de $500,000; que la empresa construya una complejo recreacional de lujo para los trabajadores en la costa ecuatoriana, etc.

Una vez desterrado ese mito, el problema está en establecer que es lo justo. Una primera aproximación sería determinar los niveles salariales y beneficios contemplados para cargos similares en el mercado laboral del país. Esa primera aproximación debe ser ajustada considerando los grandes desequilibrios que tiene nuestro mercado laboral, con diferencias abismales entre las remuneraciones de los altos ejecutivos y las de los obreros.

La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Cuánto es lo justo que un pueblo ecuatoriano, compuesto en su mayor parte por gente con un nivel de vida muy inferior a la de los empleados de las empresas públicas, debe pagar por sus servicios a los empleados de sus empresas?

La respuesta debe considerar los requerimientos para poder contar con el personal adecuado. Si en el mercado laboral se le paga a un buen soldador $1,000 mensuales, no puedo pretender tenerlo por $500. Debemos garantizar a través de una adecuada remuneración disponer de un personal que nos permita la operación eficiente de la empresa.

Un problema serio es el de las jubilaciones, ya que muchas personas que están en condiciones de seguir trabajando, se jubilan temiendo perder beneficios en el nuevo estatus legal. Esto es un absurdo. Debe establecerse con claridad la política de jubilaciones y aplicarla desde ahora, evitando especulaciones que afectan a la empresa.

Creo firmemente que este es uno de los temas en los que más claramente se destaca la contradicción entre el interés colectivo y el individual. No estamos de acuerdo con sacrificar a las personas, ya que el bienestar del país no pasa por maltratar a nadie, pero jamás aceptaremos que el pueblo ecuatoriano sea perjudicado por el simple hecho de que administraciones anteriores concedieron beneficios excesivos a algunos de los trabajadores.