Ecuador ha adscrito a esta marcha, y el presidente Rafael Correa ha hecho público su apoyo a esta causa de la paz.

En momentos en que el mundo, y Nuestra América se debaten en la pobreza extrema que impide a miles de millones de seres humanos el acceso a alimentación, salud, educación, saneamiento ambiental, agua y vida; resulta absurdo que la compra de armas mortales siga siendo un rubro importante en los presupuestos de los países como el nuestro, beneficiando únicamente a las mismas potencias imperialistas y a los oscuros traficantes de armas.

Es necesario que todos los seres humanos comprometidos con la vida nos opongamos al armamentismo y proclamemos el derecho a vivir en paz, erradicando toda forma de violencia.

Lea el Manifiesto de la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia

En junio del 2002 la opinión pública fue impactada por las denuncias de una escandalosa corrupción con la tramitación de partidas especiales en el Ministerio de Economía cuyo titular era Carlos Julio Emanuel. Se habló entonces de una red que incluía a funcionarios de Gobierno, alcaldes, tramitadores, contratistas y diputados. Todos tenían su reparto de las coimas. Los sobreprecios de las obras llegaban al 38%.

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Comisión de Fiscalización del Congreso asumieron investigaciones preprocesales. Se encontraron documentos con las firmas de alcaldes, autorizando la acción de tramitadores. Se hallaron cheques en blanco, al parecer, producto del reparto de las coimas. Y el caso fue abierto por la Fiscalía el 19 de junio.

“Diputados deben aclarar acusaciones de Chávez”

Publicado el 25/Septiembre/2002

El presidente del Congreso, José Cordero, dijo que los legisladores que fueron acusados por Tomás Chávez tendrán que defenderse y esclarecer los hechos.

Chávez,uno de los implicados en el caso Emanuel, en declaraciones a este Diario publicadas ayer, afirmó que los diputados socialcristianos Simón Bustamante y Osvaldo Pacheco habían participado en el trámite irregular de partidas dentro del caso Emanuel, lo cual negó Bustamante. Chávez añadió que el Gobierno compró la conciencia de cuatro legisladores: Franklin Macías, Otton Loor, Nancy Santos y Eduardo Serrano para la aprobación de la reforma fiscal.

Macías dijo ayer no haber tramitado partidas, ni haber recibido dinero del Gobierno. Por su parte, el presidente del Comité de Excusas del Congreso, René Maugé, señaló que “la fiscal debería otorgar las garantías necesarias para que Tomás Chávez Toala declare todo lo que sabe”.
Maugé admite que el Comité de Excusas ha tenido estancado este tema, pero afirma que si llega a tener pruebas de la participación de los diputados, se investigará. “La compra de conciencias en el Congreso es un secreto a voces, pero no hay las pruebas materiales de estas cosas”, dijo. (PM-ICO)

“El trámite no era prohibido”

El ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, aclaró que en el período en el cual ejerció esa función, el trámite de partidas presupuestarias no era una prohibición para los diputados, por lo cual expresa que “era normal que el presidente del Congreso enviara un documento solicitando partidas presupuestarias para determinadas provincias”.
Pinto aclara que la fecha de la que habla Chávez Toala, en la que Moeller le solicitaba un desembolso para el cantón La Maná es errada, ya que el fue interpelado y destituido por el Congreso el 21 de septiembre de 1995. (ICO)

Caso Emanuel: Mañana culmina instrucción

En solo tres días han comparecido doce personas ante la Fiscalía

Mañana concluye la etapa de instrucción fiscal que investiga el Ministerio Público, en el caso de las presuntas irregularidades registradas en el Ministerio de Economía en la tramitación de partidas especiales.
El proceso se encuentra en manos de la fiscal Mariana Yépez desde el 23 de agosto, luego de haber sido conocido por la Unidad de Investigaciones Financieras.

Desde la semana pasada, la Fiscalía ha trabajado contra reloj recolectando informes, insistiendo en varias diligencias y recibiendo las versiones sin juramento de unas 12 personas, entre auditores de la Contraloría y funcionarios de la Cartera de Economía, quienes explicaron el procedimiento de ingreso, trámite y egreso de partidas en esa institución.

Mariana Yépez debe emitir un dictamen acusatorio o de abstención, una vez que concluyan los 90 días de plazo para esta etapa. El proceso contiene cerca de 9000 hojas con providencias, declaraciones, pruebas de descargo, informes periciales, policiales, e informes de la Unidad de Procesamiento de Información Reservada, entre otros. (MAR)

Trece años de trámites en el Congreso Nacional

El acusado laboró hasta junio de 2002 como mensajero de la Dirección Jurídica

Luis Tomás Chávez Toala, involucrado en las denuncias sobre el manejo irregular de partidas presupuestarias en el Ministerio de Finanzas, de 39 años, es oriundo del cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí.
Empezó a trabajar en el Congreso Nacional en 1982, hasta 1985, luego volvió a ingresar en 1992 y trabajó hasta junio de 2002, debido a que fue destituido por su participación en la mencionada red de corrupción.
Su último trabajo fue como mensajero en la Dirección Jurídica del Parlamento, oficina en la que se encontraron varios cheques de las reparticiones que se hacían entre contratistas de las obras que se ejecutaban con las partidas presupuestarias.
La investigación sobre Chávez surgió cuando Iván Ojeda Aguirre, abogado a quien le encargaron cobrar varios cheques mencionó su nombre ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. (ICO)

Documentación ofrecida todavía no llega a la CCCC

Gabriel Bustamante, abogado del implicado, dijo que mantiene diálogos con la Comisión

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) no ha recibido hasta el momento la documentación ofrecida por Tomás Chávez Toala, así lo señaló el director ejecutivo del ente, Pedro Votruba.
El funcionario expresa que la protección que la Comisión puede dar, de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, consiste en asumir como una investigación de oficio la indagación sobre determinado tema, con el objeto de que el nombre del denunciante no aparezca. Aclara que no existe ninguna disposición legal, mediante la cual la comisión podría pedir la revocación de una orden de prisión o de cualquier medida que pudiera interferir en las otras funciones del Estado. (ICO)

Alcalde Molina: “Moeller debe aclarar acusaciones”

El funcionario insistió en que se debe agilizar la investigación en el caso Emanuel

El alcalde de Azogues, Víctor Molina, quien fue el primero en denunciar la red de corrupción de las partidas presupuestarias, señaló ayer que a Heinz Moeller le corresponde desvirtuar las acusaciones de Chávez Toala, quien lo involucra en trámites irregulares de partidas cuando fue titular del Congreso, en 1995.

“Ese comentario generalizado en el país sobre la corrupción en la entrega de partidas presupuestarias debe ser esclarecido por parte de Moeller”. (JRI)

Fuente: Diario HOY

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